El Chocó, veinte años después de Bojayá

Ocho días antes, la Defensoría del Pueblo había alertado de una inminente incursión paramilitar en el corregimiento de Bellavista. Según las víctimas, las autoridades no tomaron las medidas efectivas para mitigar el grave peligro bajo el que se encontraba la población civil y prevenir la masacre. A raíz de esta se produjo el desplazamiento forzado de 5.771 personas a Quibdó, la capital departamental.

Dos décadas más tarde, en la conmemoración de los hechos, sobrevivientes y familiares de las víctimas cargan el cristo mutilado de la iglesia de Bojayá como símbolo de resistencia. Una procesión recorre Bellavista Nuevo -el centro municipal que se construyó tras los hechos de 2002- hasta Bellavista Viejo, donde piden memoria, reparación y garantías de no repetición, y alertan de los riesgos de una violencia que nunca desapareció de la región.

Vivir bajo el miedo de un segundo 2 de mayo

Desde hace tiempo, las diócesis y organizaciones étnico-territoriales advierten de la grave situación de derechos humanos en un Chocó condicionado por la reconfiguración del conflicto armado, el histórico abandono estatal y el lento avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Bajo el término “crisis humanitaria”, denuncian múltiples hechos que están sucediendo: confinamientos, desplazamientos forzados, enfrentamientos entre grupos armados, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la siembra de minas antipersonales y municiones sin explotar, violencia sexual y basada en género, y amenazas contra líderes y lideresas sociales.

Durante los primeros cuatro meses del año, OCHA Colombia reporta el confinamiento de 48.000 personas, un incremento del 394% en comparación con el mismo periodo de 2021. Asimismo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) recalca que entre enero y febrero al menos 691 familias tuvieron que abandonar forzadamente sus hogares.

«No es solo el miedo de las minas, sino cómo se ha ido perdiendo el vínculo con la finca. Por ejemplo, el trabajo comunitario alrededor de la siembra del maíz y la caña. Recuperar eso es muy duro», comenta la investigadora Natalia Quiceno.

Desde febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió varias alertas tempranas que pronosticaban la crisis, ligada a la reconfiguración del conflicto armado en la región tras la salida de las FARC-EP. Este es el caso de subregiones como el Medio Atrato, las cuales se ven atravesadas por los intereses del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En ellas, Defensoría advierte del “fortalecimiento militar acelerado, la expansión territorial y el afianzamiento en el territorio de las AGC”, y del incremento del riesgo de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Según la Mesa Indígena del Chocó, 138 jóvenes se quitaron la vida desde 2015 hasta marzo de 2022 por temor al reclutamiento y la falta de oportunidades.

“Las comunidades quieren una reparación colectiva y que a los territorios lleguen programas, más allá de las asistencias humanitarias básicas”, comenta Plácido Bailarín, líder Embera Dobidá de la Mesa Indígena del Chocó. Colaboración en materia de salud, educación, soberanía alimentaria o proyectos productivos son algunas de las peticiones que hacen a la comunidad internacional. “Necesitamos la cooperación internacional para minimizar los daños causados por el conflicto armado y mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas en sus territorios”, añade.

El Acuerdo Humanitario Ya! y la Mesa Humanitaria, dos iniciativas desde la sociedad civil

En el marco de las graves afectaciones por el conflicto armado, se presentó en agosto de 2017 el Acuerdo Humanitario Ya! Para el Chocó, un documento elaborado por la sociedad civil y las comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas del departamento. La estrategia, la cual pone límites a la guerra, tuvo un papel muy importante en las mesas de diálogo del gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito y La Habana, y sigue vigente como exigencia de la sociedad civil en medio del conflicto armado. En ella se pide respeto y garantías a los derechos humanos, la autonomía territorial y formas de gobierno propias, y al Derecho Internacional Humanitario.

El pasado 9 de abril, después de varias misiones humanitarias realizadas desde comienzos del 2021, organizaciones sociales y étnico-territoriales, con el acompañamiento de las tres diócesis del departamento, instalaron la Mesa Humanitaria del Chocó. “Es un espacio que pretende definir acciones a corto, medio y largo plazo desde el territorio de acuerdo a lo que demanda la crisis humanitaria”, explica Abid Manuel Romaña, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH). Las organizaciones señalan que se genera así una propuesta de transformación frente a la violencia y desigualdad estructurales del departamento.

“El gran problema del Chocó y de otras regiones es que nos oyen pero no nos escuchan”, opina Gloria Luna Rivillas como parte de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, la cual forma parte de la Mesa Humanitaria para visibilizar los riesgos diferenciales que sufren las mujeres. Desde la Red, piden que las embajadas acompañen el proceso y lo visibilicen, además de dar seguimiento al gobierno nacional para que cumpla con los compromisos e implementación del Acuerdo Final de Paz.

A orillas del río Atrato, la comunidad bojayaseña pide una respuesta integral que les permita tener las condiciones para vivir en el territorio y que la violencia desaparezca de la región. Señalan como la reparación de las víctimas sigue siendo una tarea pendiente: de las 38.024 víctimas registradas en un informe de la Unidad para las Víctimas (UARIV), poco más de 8.000 son reconocidas como sujetos de atención y reparación. Como se escucha en el municipio, “20 años después, Bojayá vive su segundo 2 de mayo, su segunda crónica de una muerte anunciada”.