Desaparición forzada, las estadísticas sin fin

El número en México supera los 100.000 casos, en Guatemala al menos 45.000 personas ha sido registradas como desaparecidas durante el conflicto armado interno y en Argentina la cifra asciende a 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Las cifras son el resultado de prácticas políticas de los Estados, sosteniendo niveles elevados de impunidad.

La sociedad civil colombiana se ha organizado para buscar a sus seres queridos, exigir justicia e impulsar los cambios estructurales necesarios para que la desaparición forzada de personas no ocurra nunca más. En su trabajo por la justicia y la lucha contra la impunidad, el Movice, junto a otras organizaciones, sostiene que la justicia transicional debe abordar la desaparición forzada como un crimen autónomo, reconociendo la sistematicidad y ubicuidad de dicha práctica.

No existe un consenso en relación con la cantidad de víctimas directas en Colombia, pero se sabe que ocupa un lugar entre los países con mayor número de casos en el mundo. Según las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, el registro asciende a más de 80.000 personas desaparecidas, pero las organizaciones de la sociedad civil sostienen que hay más víctimas directas. “La escala alcanza más de 200 mil según la Comisión de la Verdad. Cuando yo empecé mi trabajo eran 3mil y desde entonces el número ha crecido de manera exponencial”, comenta Yanette, hermana de Nydia Erika Bautista, desaparecida en el año 1987, y directora de la Fundación que lleva su nombre.

Yanette Bautista sostiene en sus manos las propuestas elaboradas desde la Fundación Nydia Erika Bautista para el trabajo de la UBPD. Foto: SweFOR Colombia

Yanette lleva casi 40 años de lucha contra la impunidad del crimen de desaparición forzada, y este año recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, el cual reconoce toda una vida de lucha. “El premio nos ayuda a visibilizar las desapariciones forzadas, pero también el trabajo que hacemos las buscadoras. Y la importancia de este trabajo como una reserva ética de la sociedad, así como aporte a la construcción de la paz.”

Colombia debería aprender del ejemplo de Argentina, afirma Yanette, e insiste en incorporar la experiencia de los equipos de antropología forense, retomando la importancia de los logros de su sociedad, como fueron las aperturas de los casos contra los principales agentes del Estado responsables durante la última dictadura militar: “tanto por la profundidad con que se abordaron los juicios como por la participación que se le permitió a la sociedad civil y a las víctimas que fueron a atestiguar, se les dio reconocimiento público. Eso tuvo un impacto en la sociedad: fue una justicia pública y por eso muy legitimada.”

En 2022, la JEP abrió el macrocaso nro. 08 titulado: Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Este macrocaso abordaría el crimen de desaparición forzada, pero representantes de la sociedad civil sostienen que este enfoque es insuficiente, por lo cual reclaman la apertura de un macrocaso específico que aborde la complejidad y la magnitud de este crimen de manera autónoma, pudiendo vincular a los altos mandos militares con el paramilitarismo.

Alejandra Gallo, abogada de dhColombia (Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos), sostiene “que la posibilidad de investigar la desaparición forzada como un delito autónomo implica el reconocimiento de la gravedad de ese delito. La desaparición forzada es un crimen grave porque las familias están sometidas – y así lo dice el ordenamiento jurídico – a un sufrimiento constante porque la zozobra, la angustia y el miedo de no encontrar a su familiar no cesa nunca, sino que siempre se mantiene o generalmente se agrava. […] desde que existe el Sistema Integral creado por el Acuerdo de Paz [de 2016], que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad, nunca llegó a funcionar como un sistema, [sino que estas instituciones] funcionan como entidades autónomas.”

En febrero de 2023 se cumplieron cinco años de trabajo de la UBPD, quedando 15 años por delante. La Fundación Nydia Erika Bautista, que incidió junto con muchas otras organizaciones para la creación de la entidad, propone siete puntos para la política pública de la UBPD:

• Adoptar un enfoque de derechos, que garantice un lugar al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el quehacer de la UBPD.
• Garantizar una participación amplia, inclusiva y efectiva, territorial y nacional bajo el principio de centralidad de las víctimas del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC.
• Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
• Incorporar el enfoque de género y diferencial en el tratamiento de las organizaciones de mujeres buscadoras, respetando su autonomía.
• Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre las desapariciones forzadas.
• Reconocer y visibilizar las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad y no generalizarlas como “personas dadas por desaparecidas”.
• Implementar acciones de búsqueda, recuperación o identificación, con equipos forenses independientes internacionales y nacionales.

La sociedad civil organizada colombiana está al frente de las luchas contra la impunidad y por la reparación, enfrentando múltiples desafíos en esta tarea tan enorme como compleja. El Estatuto de Roma define cuáles son los crímenes de lesa humanidad e indica cuáles son las obligaciones de los Estados (en este caso de Colombia) y cuál es la obligación de cooperación internacional de otros Estados para respaldar los procesos de justicia y reparación de las víctimas.

En este sentido, es clave el involucramiento y responsabilidad de cooperación de la comunidad internacional para seguir monitoreando el avance de la búsqueda de personas desaparecidas, financiando las organizaciones y agencias que realizan esta tarea, fortaleciendo las capacidades técnicas, y promoviendo y acompañando los procesos de construcción de memoria de la sociedad civil.

Alejandra pide a la comunidad internacional “que se mantenga el mandato de acompañar a Colombia, de observar, de exigir y de garantizar que se cumplan los estándares internacionales, cosa que, hoy en día, sigue siendo muy difícil”. Explica que, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se instaló una idea de que Colombia entró en paz, que ya no está en guerra. En las regiones la realidad es otra porque los actores al margen de la ley han aumentado el control de los territorios.

“Entonces, cuando le cuentas a la gente fuera del país que se firmó un acuerdo de paz, todos dicen que Colombia ya está en paz y no necesita ningún mandato internacional, ni observación, ni acompañamiento, ni cooperación. Pero lo cierto es que, para el crimen de desaparición forzada, la impunidad se ha mantenido.”

La expectativa hacia el Gobierno Nacional es de mayor articulación territorial. “[Hay] crisis humanitarias en cada región de manera particular y diferenciada no atendidas por el gobierno. Una esperaría que ese cambio de alguna forma se gestara con este Gobierno, pero lo cierto es que no ocurre y la gente en los territorios sigue sufriendo. Sigue habiendo personas asesinadas, siguen las masacres, la fuerza pública sigue actuando como una banda de crimen organizado que permite llegar a varias partes del país”, manifiesta Alejandra. Yanette y la Fundación exigen al Estado la desclasificación de los archivos de inteligencia para acceder a toda la información relevante para la búsqueda, al Gobierno Nacional las reformas necesarias para garantizar la no repetición, así como la protección de las mujeres buscadoras que viven en territorios donde el conflicto armado persiste. Y piden que en las mesas de diálogos y negociaciones se acuerde el cese de las desapariciones forzadas y se entregue toda la información sobre los paraderos de las personas desaparecidas.

Al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos, en su discurso Yanette invitó a toda Colombia a que “este premio [sea] para seguir soñando con una Colombia sin desaparecidos, con una Colombia sin impunidad, con una Colombia sin madres en la ventana esperando a sus hijos e hijas, con una Colombia sin niños huérfanos por la desaparición forzada.”