“A diferencia de otros hechos, la violencia de género no discrimina por autor”

El Acuerdo Final de Paz de 2016 establece que “se garantizará el enfoque de género” y la adopción de medidas afirmativas para el fortalecimiento de la participación política y ciudadana de las mujeres. ¿Se ha logrado con las elecciones recientes del 13 de marzo?

En estas elecciones ocurrieron dos situaciones muy particulares. La primera es que el Código Nacional Electoral –el cual estableció el requisito que todos los partidos y listas tengan un  30% de candidatas mujeres- no fue aplicado a las elecciones de Congreso, solamente para las curules de paz. Esto fue debido a que los partidos políticos manifestaron que necesitaban tiempo para hacer los ajustes. La segunda es que, esta aplicación del Código solo en las curules de paz y no en el Congreso debería haber generado que las primeras tuvieran mayor representación de mujeres, pero ocurrió lo contrario. Fue en las elecciones tradicionales donde aumentó casi un 10% el porcentaje de congresistas mujeres.

Si bien el Acuerdo Final de Paz define que el enfoque de género en las normas electorales es fundamental, son necesarias más acciones para que se materialice en la práctica. Por un lado, vemos indicios de un cambio en la cultura política en Colombia que lleva a que más personas estén interesadas en votar por mujeres. Por otro lado, y es lo que evidencian las elecciones a curules de paz, que cualquier medida es insuficiente si las instituciones no implementan acciones afirmativas. En lugares como Montes de María no se logró la representación paritaria, e incluso un candidato hombre fue elegido como curul y representante de la Asociación Narrar para Vivir, organización de mujeres, frente a una candidata.

¿Cuáles podrían ser estas acciones afirmativas?

Desde Sisma Mujer pedimos al Consejo Nacional Electoral que, por ejemplo, las mujeres fueran inscritas como primeras en las listas electorales. Esto es debido a que mucha gente vota por el número uno del partido, y si los hombres siempre son los primeros en la lista, va a haber más representación de ellos. También pedimos más apoyos a las mujeres candidatas a las curules de paz, no solo para capacitarse sino para que entendieran los requisitos y cargas que genera el proceso electoral. Eso no se realizó, a día de hoy muchas de las mujeres que se postularon tienen miedo que les abran procesos disciplinarios por incumplimiento de requisitos del Código Nacional Electoral.

Al menos 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2021, según la Defensoría del Pueblo. Desde hace años, Sisma Mujer alerta del riesgo que implica ser mujer defensora de derechos humanos. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan las defensoras por el hecho de ser mujer y lideresa social?

Los riesgos nacen del hecho que las mujeres defensoras rompen aquellos estereotipos sociales donde no son reconocidas la vocería y agencia de la mujer. En un mismo territorio, una defensora va a tener más riesgos que un defensor, por oponerse a acuerdos sociales donde las mujeres son amas de casa, no opina ni contradice a los hombres.

La amenaza u ocurrencia de hechos de violencia sexual y amenazas a las familias son otros de los riesgos, una forma de intimidar a las mujeres. A los hombres, les amenazan directamente a ellos. A las mujeres no solo las amenazan a ellas, sino también a sus padres, hermanas o hijas.  Son riesgos diferenciales a tener en cuenta cuando se piensan estrategias de protección. La protección de las defensoras requiere de visibilizar y reconocer su agencia, lo que genera protección física pero también el reconocimiento social de que si una mujer deja sus hijos en casa para hacer una labor de liderazgo está bien, y no por ello es mala madre.

Por último, también toca supervisar los esquemas de protección, que no cuentan con enfoque diferencial de género y mucho menos étnico. Las defensoras casi siempre son protegidas por hombres, muchos de los cuales las acosan sexualmente o representan los estereotipos de “esta mujer loca” o “esta vieja es muy cansona”, porque no les gusta ver a mujeres asumiendo la vocería de ningún tema y sienten que los están bajoneando. Es fundamental que la Unidad Nacional de Protección tenga un enfoque de género.

A inicios de 2022, apareció el cuerpo sin vida de Luz Marina Arteaga, médica y defensora de derechos humanos de Matarratón (Meta), a quien SweFOR Colombia acompañó junto a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. La suya es una de las 50 historias de líderes sociales que se han visto truncadas desde inicios de año por reivindicar el derecho a defender derechos.

Desde Sisma Mujer y la alianza Cinco Claves llevan años pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macro-caso sobre violencia sexual en el conflicto armado. ¿Por qué es tan necesario?

En el análisis de la violencia sexual en el conflicto armado, hemos alertado de que, cuando transversalizas el enfoque de género, lo invisibilizas en la práctica. Esto es debido a que las investigaciones judiciales se basan sobretodo en elementos cuantitativos: si tienes 12.000 casos de reclutamiento forzado, 8.000 casos de desapariciones forzadas, 2.000 ejecuciones extrajudiciales y 150 mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia sexual, el esfuerzo metodológico e investigativo va a estar enfocado en los primeros hechos. Se ha transversalizado el enfoque de género pensando que es una forma de estudiar todos los casos, pero lo que ha ocurrido es que se ha convertido en la última respuesta de los cuestionarios, a la cual no se presta mucha atención.

Otro tema es que, a diferencia de muchos otros hechos, la violencia de género no discrimina por autor. La violencia sexual la cometieron todos los actores armados en todo el territorio nacional, durante todo el conflicto y casi de la misma manera. Lo hicieron como forma de controlar y sancionar a las mujeres en el territorio –acusadas de apoyar al bando contrario -, y de amedrentar al enemigo. La estrategia fue la misma para todos y no hay razón para diferenciar como en los casos de reclutamiento forzado o los falsos positivos. Separar las investigaciones implica que tengas metodologías, magistrados y resultados diferentes.

Se añade otro problema, que las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de Fuerza Pública siempre han tenido más miedo a denunciar que las víctimas de FARC-EP, y no van a querer denunciar y estar en un macro-caso donde tengan que señalar a los militares. Si hay un caso único donde no hay una diferenciación en el señalamiento que se hace [al victimario] ni en la visibilización de las víctimas, se van a sentir más tranquilas. Corremos el riesgo que de aquí a cuatro años se concluya que las FARC-EP violaron a 3.000 mujeres y el Ejército a 200, cuando en la realidad no fue así.

Con los macro-casos, ¿el hecho de centrarse en los victimarios hace que se pierda el enfoque sobre las víctimas?

Ese es el otro punto, la centralidad de las víctimas. Los procedimientos estructurados alrededor de los actores armados replican las dinámicas de guerra, la bipolaridad entre Fuerza Pública y actores armados ilegales, y ahí no se ven las víctimas. Un macro-caso de violencia sexual y basada en género -como se está haciendo en el macro-caso sobre pueblos y territorios étnicos- pone la centralidad en las víctimas, lo que sufrieron y las afectaciones diferenciales para las mujeres.

Nuestra petición incluye hechos de violencia reproductiva –abortos y esterilizaciones forzadas- y también violencia cometida contra población LGTBI+, entendiendo que es una violencia con marcadores de género muy parecidos a la violencia sexual –al cometerse contra personas que son consideradas feminizadas dentro de un mundo masculino, patriarcal, machista-, y que requiere de las mismas dinámicas de investigación.

Regresando a lo inicial, la JEP ha abierto un tercer macro-caso sobre crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos, justificado en que el Acuerdo Final de Paz tiene enfoque étnico, pero cuando se habla del enfoque de género la respuesta es que es transversal en todos los casos. Hay una diferencia en el trato que se está dando a sujetos de especial protección constitucional y, como los despachos están enfocados en temas tan amplios, no hay una estrategia para ahondar en qué es la violencia sexual.

¿Cómo se imaginan ustedes y las mujeres víctimas de violencia sexual a quienes acompañan que sería un proceso de reparación?

Acabamos de presentar un informe a la JEP sobre estrategias de reparación, ya que uno de los problemas que observamos es que no hay enfoque de género en las propuestas de reparación presentadas. ¿Cómo puede la construcción de una carretera o sembrar un cultivo reparar a una víctima de violencia sexual? Las reparaciones tienen que tener enfoque de género: pensar qué ocasiona la violencia contra la mujer, no solo en el entorno del conflicto armado, sino partiendo del hecho que este es un espejo de la sociedad colombiana. En la medida que se sigan manteniendo patrones de discriminación contra las mujeres, el conflicto va a seguir replicándolos. Las reparaciones tienen que ir encaminadas a eso: atacar los estereotipos y normas culturales que generan que la mujer tenga una posición invisibilizada y menor.

Si hablamos de cosas más específicas, se puede pensar en cursos, capacitaciones y talleres, incluso en obras que estén enfocadas a elevar el rol de la mujer en la sociedad y su reconocimiento como gestora de derechos, no solamente como víctima.

En cuanto a garantías de no repetición, ¿qué hace falta para una implementación eficaz?

El tema de la justicia es fundamental. Si bien la impunidad en Colombia es muy alta en todos los hechos del conflicto armado, la más alta registrada es en hechos de violencia sexual. Esto es porque ni la justicia tradicional ni la transicional saben cómo investigar la violencia sexual. En la medida que no se investiga, se manda el mensaje de “no mates ni desaparezcas, pero si violas no te va a pasar nada”. Esta es una garantía de no repetición que se tiene en deuda con las mujeres de este país.