Pedro Julio Movilla Galarcio – 30 años sin información

Su hijo, José Movilla, hace parte del Capítulo Bogotá del Movimiento de Víctimas de Crímenes Estado (Movice), donde trabaja junto con otras víctimas e integrantes de la organización por la justicia, el esclarecimiento de la verdad y la reparación. Hoy hablamos con José sobre el pasado, el ahora y las demandas a futuro.

Pedro Julio era un líder social conocido por su liderazgo en sindicatos y en la política, ¿Nos podrías contar un poco más sobre él, su caso y lo que se sabe sobre su desaparición?

Mi papá fue miembro del Partido Comunista Marxista-Leninista durante gran parte de su vida, era oriundo de Montería, Córdoba. Desde muy joven lideró movimientos estudiantiles e hizo parte también del sindicato. Durante todo ese período fue perseguido, lo cual le costó a mi familia dos desplazamientos: de Montería a Medellín y luego un segundo desplazamiento más largo de Montería a Bogotá.

Ya cuando llevábamos unos 5 años en Bogotá, fue víctima de desaparición forzada por parte del Estado Colombiano, como ya lo determinó en su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022. Eso se dio dentro de un operativo que hicieron para desaparecerlo cuando el fue a dejar a mi hermana, que tenía en ese momento 9 años, a la escuela John F. Kennedy.

Mi madre logró reunir información [sobre la desaparición], y unos días más tarde presentó un habeas corpus que fue negado por el Estado. Esa fue una de las pruebas que llevó a que la CIDH concluyera en su sentencia que se nos negó justicia a la familia.

La sentencia de la Corte Interamericana responsabiliza al Estado por la desaparición forzada de tu padre ¿cuáles son los elementos centrales de la sentencia?

Dentro de la sentencia hubo varias medidas importantes. La primera fue reconocer la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la violación de los derechos humanos de mi padre y reconocer no sólo la desaparición, sino el hecho de que fue forzada. Efectivamente creo que eso es un hito porque realmente las sentencias que hablan de desaparición forzada son muy pocas.

José Movilla, integrante del Movice – Capítulo Bogotá. Foto: SweFOR Colombia.

En segundo lugar también se reconoció que el Estado había hecho inteligencia y se ordenó que entregara la información que tenía sobre mi padre y sobre la familia. Por otro lado, que cambiara cualquier mención que se hiciera de mi papá como el “enemigo interno”, una de las cuestiones que han utilizado en Colombia para justificar muchas de las violaciones de DDHH que ha cometido la Fuerza Pública con aquiescencia de los paramilitares. Se declaraba “enemigo interno” a todas las personas que pensaban diferente o buscaban algún cambio en esta sociedad.

También reconoció el papel de las mujeres buscadoras en la figura de mi mamá, quien, durante 30 años, ha mantenido la lucha y las banderas de mi padre bien alto. Ha buscado incansablemente a mi padre en todos los lugares donde ha habido una noticia o donde hemos tenido alguna sospecha y también ha hecho la denuncia política. Eso se le esta reconociendo no solamente a mi madre sino también a muchas otras mujeres que han liderado la causa de las búsquedas de los desaparecidos forzados en Colombia.

En este país fueron miles de personas que pelearon de esta manera, que buscaron un país mejor y que fueron asesinadas, torturadas y perseguidas por estos sectores retardatarios.

Otra cuestión importante en cuanto a lo simbólico fue el derecho a la verdad como derecho independiente. El Estado tiene que garantizarnos el derecho a la verdad, a saber qué pasó con Pedro Julio Movilla Galarcio y hace parte de la entrega de información que tiene que hacer Inteligencia del Estado.

Según las cifras que maneja el Observatorio de Memoria y Conflicto hay más de 80.000 personas desaparecidas en el país, ¿qué responsabilidades debe asumir el Estado frente a las víctimas y familiares de desaparición forzada hoy?¿qué rol tiene la comunidad internacional?

Lo primero es encontrar el paradero de las personas que han sufrido este grave crimen. Segundo, encontrar la verdad, saber qué pasó, quién dio la orden: encontrar al responsable para juzgarlo. Es difícil y a veces casi imposible hacer que estas personas que han gozado de impunidad durante tantos años lleguen algún día a pagar por sus crímenes, pero que al menos se encuentre la responsabilidad del Estado porque esa sí que es una institución que puede responder.

Es necesario reconocer y centralizar a las víctimas, fomentar capacidades que todavía sobreviven en las víctimas para luchar, para reconstruir sus tejidos de vida y la sociedad. Y reparar a las personas que han sufrido estas prácticas, porque las afectaciones que tiene la desaparición forzada son muy fuertes, es una tortura permanente para los familiares y las personas cercanas a las víctimas. En mi casa, para mi familia, mi mamá, mis hermanos, son 30 años de búsqueda, 30 años de tortura constante por la incertidumbre que genera estar preguntándose por la suerte de un ser querido. Es un duelo que incluso se puede heredar. Genera mucho, mucho dolor y no se puede concluir. Sin embargo, de todos modos, uno no puede quedarse en el dolor, hay que seguir adelante de cierta manera, construyendo un nuevo mundo, una nueva Colombia.

Actualmente Colombia tiene una cifra de víctimas de la violencia demasiado alta;entre un cuarto y la mitad de la población ha sido víctima directa o tiene relación con este conflicto. Entonces las afectaciones son muy altas. Lo mejor es prevenir, pero ahora lo que importa es detenerlas y atender a las personas afectadas y para eso hay múltiples cosas para hacer.

El Estado es el primero que tiene responsabilidad sobre eso, pero también a veces, desde organizaciones como el Movice, existe esa desconfianza hacia el Estado que yo creo que va a quedar de una manea irreparable y por eso para nosotros es muy difícil establecer relaciones de confianza con las instituciones estatales. A veces nos resulta más coherente pedir apoyo internacional para nuestros proyectos, para nuestras luchas políticas, para mantener la memoria de nuestros seres queridos.

En el caso de mi padre, el Estado tiene que reconocer su responsabilidad internacional, y ese acto se tiene que hacer en consonancia con lo que las personas víctimas consideren y requieran; esperemos que se de pronto. También debe reabrir la investigación para determinar quiénes fueron los culpables, porque justamente una de las cosas que reconoce esta sentencia es que no hubo una respuesta de la justicia a nivel nacional, pese a que se interpuso ese habeas corpus.

Ya han pasado 30 años desde la desaparición y no sabemos si efectivamente mi padre está vivo o muerto. Se que esta es una tarea difícil, que podría ser mucho más sencilla si las personas que en ese entonces lideraron las fuerzas estatales y la represión del Estado simplemente dijeran dónde dejaron a mi padre. Lo importante es que se le ordenó al Estado hacer el plan de búsqueda y espero que de resultados concretos.