Muchas de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el marco del conflicto armado interno en Guatemala permanecen como casos pendientes frente a cortes nacionales en el país. Todos los casos de justicia transicional tienen múltiple significancia, impacto y contenido político por lo que siguen siendo de gran interés social, por ello decidimos hacer un recuento sobre la actual situación legal de algunos de ellos.
En enero de 2016, ocho de catorce militares retirados detenidos fueron sindicados por su posible involucramiento en el caso de desaparición forzada más grande de Latinoamérica ocurrida en la Zona Militar 21 ahora conocida como CREOMPAZ en Alta Verapaz, el lugar operó como centro clandestino de detención, tortura y ejecución de personas en el marco del conflicto armado interno. Hasta la fecha se han encontrado 85 fosas clandestinas con los restos de al menos 565 personas ejecutadas.[1] Dentro de las personas detenidas había altos mandos como el Jefe Benedicto Lucas García quien también fuera sentenciado por su involucramiento en casos como el de la familia Molina Theissen. El caso CREOMPAZ se encuentra estancado desde hace cuatro años debido al gran número de amparos y apelaciones que buscar desestimar el testimonio de un importante número de víctimas. A la espera se suman los atrasos provocados en los juzgados por la pandemia de COVID-19.
El general retirado Luis Enrique Mendoza García enfrenta cargos por crímenes en contra de la humanidad y genocidio después de haber estado fugitivo desde 2011 al 2019 cuando fue capturado. Mendoza García fue Jefe de Operaciones Militares (G3) entre 1982 y 1983 y la tercera persona al mando de las fuerzas militares cuando los planes miliares “Plan Victoria 82” y “Plan Sofía” fueron implementados resultando en la masacre y la tortura de miles de personas tal como el Genocidio perpetrado en contra del pueblo Maya Ixil. La fase procesal de evidencias en su contra sigue pendiente y presenta importantes retrasos.
En enero 2020 Francisco Cuxum Alvarado ex integrante de las Patrullas de Autodefensa Civil de Rabinal fue deportado de los Estados Unidos de Norte América acusado por su participación en crímenes contra la humanidad en contra de 35 mujeres el caso de Violencia Sexual Maya Achi hechos ocurridos entre 1981 y 1985. La extradición de Cuxum logró activar el caso que se encontraba estancado desde que las víctimas interpelaran la decisión de la jueza Claudette Domínguez de desechar cargos en contra de seis ex-patrulleros en el 2019. Las audiencias de presentación de evidencias en contra de Cuxum fueron agendadas para mayo del 2020 pero el proceso ha sufrido graves atrasos bajo la excusa de la pandemia de COVID-19.
El ex-Kaibil Gilberto Jordán se encuentra bajo investigación por delitos en contra de la humanidad y por agresión sexual agravada por su participación directa en la Masacre de las Dos Erres en la que al menos 162 personas fueron asesinadas en 1982. Hasta el momento las cortes nacionales sólo han enjuiciado a cinco ex Kaibiles y a un soldado de la armada relacionados en este caso tan emblemático en el que aún se espera la extradición de dos personas, una de ellas el oficial superior Jorge Vinicio Sosa Orantes quien según la declaración Gilberto Jordán fue quien dio la orden de asesinar a todas las personas en Las Dos Erres.[2]
El emblemático caso de la familia Molina Theissen en el que en 1981 integrantes de las fuerzas armadas guatemaltecas estuvieran involucrados en actos de tortura y violencia sexual en contra de Emma Molina Theissen en la base militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango y la posterior desaparición forzada de su hermano Marco Antonio Molina Theissen logró algunos avances positivos entre el 2015 y 2018, dentro de los que se logró enjuiciar a cuatro soldados retirados. En 2019 los acusados apelaron el veredicto e interpusieron amparos ante la Suprema Corte de Justicia alegando la invalidez y la prescripción de los cargos de los que fueron imputados. Aún no hay claridad sobre cuando la Suprema Corte de Justicia decidirá sobre los amparos pero es de suma preocupación que un amparo pueda derrumbar la sentencia dada en 2018 así como el abuso de dicha forma legal para atrasar y obstruir los casos relacionados con justicia transicional. Paralelamente el caso penal en el que la abogada Karen Marie Fisher Pivaral acusa a la familia Molina Theissen de mentir sobre el estado de Marco Antonio sigue avanzando, la próxima audiencia está agendada para febrero de este año y preocupa la gran visibilidad que ha tenido en medios nacionales comparado con el caso contra miembros retirados de las fuerzas armadas.
Las víctimas y sobrevivientes de los actos atroces ocurridos durante el conflicto armado interno en Guatemala siguen liderando la demanda de justicia y verdad. Lamentablemente a la ya retrasada justicia nacional se suma la compleja situación causada por la pandemia de COVID-19 en el que muchos procesos han sufrido más retrasos bajo la excusa de la emergencia sanitaria. SweFOR recuerda que el esclarecimiento de la verdad y la justicia juegan un papel central dentro de los procesos de sanación colectiva, memoria histórica y para el bienestar social de Guatemala. Se espera que el 2021 sea un año en el que se siga avanzando para esclarecer los hechos del pasado.
[1] https://www.ijmonitor.org/2017/06/tied-up-in-appeals-creompaz-enforced-disappearance-case-remains-stalled/
[2] https://www.ijmonitor.org/2020/11/judge-orders-trial-of-ex-kaibil-for-his-role-in-dos-erres-massacre/