«Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia» José Saramago
A días de que Alejandro Giammattei cumpliera su primer año en el cargo presidencial de Guatemala es importante hacer un breve balance sobre lo que su gobierno ha significado en términos de derechos humanos, paz y búsqueda de la verdad y la justicia para el país. El análisis de lo ocurrido resalta lo que ya miran con preocupación distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil.
En el primer semestre de 2020 Giammattei ordenó el cierre de distintas entidades democráticas bajo la premisa de integrarlas en una nueva Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, específicamente mencionó que esto brindaría “una visión actualizada hacia el presente y el futuro” de las instituciones de paz en Guatemala. Algunas críticas se centran en que ahora habrá aún menos presupuesto y poca claridad en las capacidades y alcances de la nueva comisión. Entre junio y julio, en medio de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y las respectivas restricciones a la movilidad, el presidente dio a conocer la disolución de La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), La Secretaría de la Paz (Sepaz), la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos (Copredeh) y la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) siendo las últimas tres, instituciones que nacieron de los acuerdos de paz de 1996. Así mismo anunció que la nueva Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) sería presidida por el mismo presidente Giammattei junto con seis ministros dentro de los que destacan los de la Procuraduría General de la Nación y el Ministro de Energía y Minas.
Según el análisis de distintas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como International Justice Monitor o El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, el cierre de dichos espacios representa un retroceso en el acceso a los derechos y la justicia, en un momento crucial en el que a la crisis sanitaria se suman los daños causados por desastres naturales como los huracanes Eta y Iota que siguen afectando una importante parte de la población. Distintos sectores de la sociedad guatemalteca ya han interpuesto amparos contra esos decretos argumentando que las regulaciones regresivas son anticonstitucionales y violatorias a los compromisos internacionales de derechos humanos de Guatemala.
Las acciones en contra de la progresividad de los derechos humanos y la paz no son una novedad para Guatemala, desde el año 2012 gobiernos de corte militar han ido limitando de manera sistemática dichos espacios y como ejemplo de ello están las acciones tomadas por el gobierno de Otto Pérez Molina que eliminó la Dirección de Archivos de la Paz o el gobierno de Jimmy Morales que redujo de manera significativa las funciones de la SEPAZ.[1]
A 23 años de que se firmaran los acuerdos de paz que dieran fin a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala que generaron más de 200,000 muertos, 45,000 desapariciones, millón y medio de personas desplazadas internamente y miles de mujeres víctimas de violencia sexual[2] el seguimiento a los procesos de paz es un ejercicio indispensable. El debilitamiento y la consecuente desaparición de programas e instituciones concebidas para la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos del pasado no sólo es considerado un ataque a la dignidad de las víctimas y sobrevivientes quienes han esperado largos procesos en búsqueda de justicia sino que puede significar un contínuum a la violencia y a la inestabilidad social de Guatemala.
[1] https://www.prensacomunitaria.org/2020/07/giammattei-le-dio-el-tiro-de-gracia-a-la-institucionalidad-de-la-paz/
[2] https://www.impunitywatch.nl/docs/PolicyBrief_LaPazEnRiesgo_Cierre_Instituciones_Paz1.pdf