Desde el año 2000, cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo y recordando la fecha de adopción de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
En las calles de San Cristóbal de las Casas se puede leer lo que se ha impulsado por años con relación a todas las personas migrantes y solicitantes de protección internacional: “Nadie es ilegal”.
Sin embargo, como lo han resaltado organizaciones de la sociedad civil en reiteradas oportunidades, la realidad migratoria en la frontera sureste de México es otra. En efecto, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Colectivo de Monitoreo) ha denunciado en reiteradas oportunidades las “políticas de contención militarizada que violan los derechos de las personas migrantes y garantía de protección internacional”, instando a las autoridades estatales y federales a un diálogo y articulación interinstitucional que, hasta el momento, no se ha llevado a cabo.
Prueba de estas afirmaciones son sucesos ocurridos el día 9 de diciembre, en los que un camión que transportaba personas migrantes en su tráiler volcó, y que según reportes oficiales murieron 56 personas y 114 personas resultaron heridas (ver información aquí, aquí, aquí, aquí; ver investigaciones de la CNDH: aquí, aquí).
Sobre este accidente, el Colectivo de Monitoreo pudo documentar la revictimización y la ausencia de protección a personas víctimas de la tragedia y lograron identificar algunas irregularidades en las acciones institucionales que darían cuenta de “la negación del Estado mexicano de dar un trato digno como víctimas a las personas y familiares”.
La situación de las personas defensoras de derechos de personas en movilidad humana es también preocupante y merece una atención especial. Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios (Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT) publicaron un informe en 2019 titulado “Defensores sin muros: Personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos” sobre la situación de las personas defensoras de personas migrantes.
En dicho informe identificaron que, “desde octubre de 2018, con el surgimiento de las caravanas del éxodo centroamericano, se comenzó a implementar una narrativa de criminalización en contra de las personas migrantes organizadas y quienes les acompañan”.
En efecto, SweFOR ha acompañado durante septiembre de 2021 al Colectivo de Monitoreo en su trabajo de defensa de derechos humanos en las caravanas y ha podido observar detenciones a personas migrantes y separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, sin lograr dar con su paradero, agresiones físicas y falta de atención médica a agredidos, así como una persecución continua tanto en carro como a pie.
Dicho uso excesivo de la fuerza fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que además urgió “al Estado a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos de violencia contra esta población, sancionar a los agentes estatales que resulten responsables, y reparar integralmente a las víctimas de estas violaciones a derechos humanos”.
A su vez, pese a que el Colectivo de Monitoreo cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde mayo de este año, las personas defensoras de personas migrantes han sido víctimas de obstaculización de su labor de documentación, amenazas, agresiones verbales y físicas por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, especialmente cuando se encuentran acompañando a caravanas de migrantes en su paso por territorio chiapaneco.
Por otra parte, las personas defensoras que trabajan en Casas de Migrantes también han sido víctimas de agresiones, especialmente en los albergues de Casa Betania Santa Martha en Salto de Agua y la Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz García en Palenque, entre otros casos.
Esta situación se torna muy preocupante sobre todo si se tiene en cuenta que existe un escrutinio internacional por parte de los Sistemas Regional y Universal de Protección de Derechos Humanos. Así, la CIDH realizó su primera visita de trabajo virtual a México con el objetivo de obtener información sobre la situación de la movilidad humana en México; en particular sobre la realidad transfronteriza en el país. En sus observaciones preliminares realización una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre su política migratoria y la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos.
Entre las observaciones cabe resaltar el llamado de la CIDH a “permitir el ingreso al territorio del Estado de personas en situación de movilidad con el fin de garantizar el acceso a procedimientos de asilo, apatridia, protección complementaria o regularización migratoria, asegurando el debido proceso en el trámite y resolución de los mismos” y, especialmente, a “implementar mecanismos eficaces de coordinación entre los tres niveles de Gobierno para asegurar el acceso a derechos humanos de las personas en situación de movilidad”.
Desde SweFOR consideramos que es sumamente importante el cumplimiento de dichos estándares internacionales de derechos humanos por parte del Estado mexicano, especialmente la promoción y protección de los derechos de las personas migrantes y de las personas que defienden sus derechos.