“La desaparición forzada ha sido una política de Estado”

Conversamos con Luz Marina Hache Contreras, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) e integrante del Capítulo Bogotá, sobre este crimen de lesa humanidad y herida todavía abierta en Colombia, donde durante décadas ha sido una táctica de guerra que no solo busca atentar contra la vida, integridad y memoria de las víctimas, sino contra el derecho de sus familias a exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado señalan que la desaparición forzada ha sido una estrategia violenta y deliberada que ha marcado la historia del país. ¿Nos podrías contar más de ello? ¿Cómo te desaparecen, quién lo hace y por qué?

Desde finales de los 70 hasta la mitad de los 90, la desaparición forzada tuvo un objetivo muy claro y un componente eminentemente político: desaparecer al oponente político en Colombia, ya fuera estudiante, sindicalista, campesino o militante político. La primera desaparición forzada de la que se habló en el país fue la de Omaira Montoya Henao el 9 de septiembre de 1977. El primero en reclamar por su desaparición, su compañero Mauricio Trujillo, fue juzgado en un Consejo Verbal de Guerra.

Años más tarde, en 1982, ocurrió el primer caso colectivo de desaparición, el Colectivo 82. Colectivo no porque ocurriera en la misma fecha, sino porque tuvo circunstancias similares: la mayor parte de las personas desaparecidas eran estudiantes con militancia en la Universidad Nacional de Colombia -y uno de la Distrital. Este caso es emblemático en la medida que sus familias, con el acompañamiento del padre Javier Giraldo, conformaron la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), la cual empieza a condenar la desaparición forzada en Colombia, que el Estado reconocerá años más tarde con la Ley 589 del 2000.

«El miedo nos lo quitaron, y exigimos que nos tengan en cuenta»

La desaparición forzada tuvo un auge en la década de los 80. Sin embargo, durante el gobierno de Álvaro Uribe se multiplicó la cifra de personas desaparecidas -llegando a las 67.000 en 2010- y adoptó una característica diferente: no solo se desaparece al oponente político, sino a cualquier persona. En los orígenes de la desaparición forzada, claramente se ve que esta fue realizada por organismos de seguridad del Estado. En la década de los 80, organismos paramilitares como el MAS o la Mano Negra empezaron a hacer este trabajo, ya que [al Estado] le quedaba muy difícil justificar esta violación de los derechos humanos y necesitaba quienes le hicieran el trabajo sucio. La desaparición forzada se convierte así en una estrategia en que el Estado tiene responsabilidad, pero pierde el carácter exclusivo de a quién se desaparece. Empiezan a desaparecer a cualquier persona: niños y niñas, ancianos, etc.

Entonces, ¿por qué el Movice plantea que es sistemático? Porque ha sido una política de Estado que busca generar terror en la familia de las personas desaparecidas y su entorno social. Pero el miedo nos lo quitaron. Exigimos que nos tengan en cuenta y nos digan la verdad.

Durante el paro nacional de 2021, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron decenas de desapariciones. ¿Tienen alguna lectura al respecto o es aún temprano para tenerla?

Ha sido muy complicado por el temor de las familias a denunciar. En un inicio, en la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada -de la que forma parte el Movice– se habló de 714 personas desaparecidas, pero en una reunión con instituciones a petición de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), estas cuestionaron las cifras: decían que ahí no había desaparición, sino retención o privación de la libertad. Para el Movice no es así, pues si tú sales de la casa y no regresas, esto es desaparición. A los 15 días de inicio del paro nacional, la Defensoría aceptó que había personas desaparecidas.

En este momento, la Mesa de Trabajo maneja la cifra de 72 personas de quienes no se tiene razón. La mayoría de ellas son en Antioquia, lo que llama la atención: mientras que fue en Cali donde hubo más violencia, es en Medellín y pueblos cercanos donde hay mayor desaparición. Las familias tienen miedo, pero también quienes aparecieron días después de su desaparición y les amenazaron para no decir dónde estaban.

Sabremos lo que pasó en el paro nacional en cuatro o cinco años, cuando la gente empiece a hablar. El Acuerdo Final de Paz estableció un pacto por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo ocurrido desde 2018 y durante el paro refleja que no hay garantías de no repetición. Al contrario, estamos reviviendo una época que suponíamos superada.

El Movice es un proceso organizativo de más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos y desplazados, así como organizaciones acompañantes y defensoras de derechos humanos.

Desde el Movice piden la apertura de un macro-caso sobre desaparición forzada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Por qué es tan necesario?

La JEP abrió el macro-caso 01 -sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad-, que reúne 30.000 víctimas. En el caso de la desaparición forzada, las víctimas son más de 100.000 y la JEP no nos tiene en cuenta, sino se disculpa diciendo que el macro-caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” incluye la desaparición forzada. Desde el Movice decimos que no.

En relación a los tres macro-casos “sombrilla”, en la desaparición forzada no hay la misma responsabilidad para los integrantes de las FARC-EP que para el Estado, porque la definición de desaparición forzada aceptada internacionalmente establece que para que esta ocurra, debe haber anuencia del Estado. En Colombia se tergiversó y se dice que cualquier persona puede cometerla. En todos sus macro-casos, la JEP debe encontrar la responsabilidad que por acción u omisión tubo el Estado colombiano, pero no están dispuestos a abrir el macro-caso de desaparición forzada y confrontar jurídicamente al Estado.

Fruto del Acuerdo Final de Paz de 2016 fue convenida la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Desde el Movice, ¿cómo valoran su rol y labor realizada desde su creación?

Dentro del Movice no hay un acuerdo unánime frente a la Unidad. Algunos pensamos que es muy joven para dar los resultados esperados por las víctimas: no se puede pretender que una unidad que lleva cuatro años nos dé respuesta a lo que 45 años no nos han dado. La UBPD ha hecho un Plan Nacional de Búsqueda, lo que denota interés por buscar a la gente, y han entregado cadáveres de personas desaparecidas desde hace 30 años, que pensábamos que nunca se iban a encontrar.

¿Qué le piden al nuevo gobierno en materia de desaparición forzada?

En primer lugar, que cese la guerra. En Colombia hubo un Acuerdo Final de Paz que debe cumplirse, y el Estado tiene que garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. En el caso de la desaparición forzada, le pedimos que se comprometa a destinar los recursos necesarios a la UBPD, no solo económicos sino también ampliar su plantilla.

«Hubo un Acuerdo Final de Paz que debe cumplirse, y el Estado tiene que garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas»

A la vez, fortalecer el Instituto de Medicina Legal, donde a día de hoy se tienen más de 10.000 cadáveres sin identificar. Esto es muy duro para las familias, ya que puede que las personas que buscan estén ahí desde hace años, lo que alarga el sufrimiento día a día.

Los últimos meses se denunciaron ataques contra víctimas y el Colectivo Orlando Fals Borda en el marco de la presentación del diagnóstico de la desaparición forzada en el Meta. También la irrupción en la sede de la Fundación Nydia Erika Bautista y robo de información. ¿Cómo es la situación de riesgo de quienes buscan a familiares o personas desaparecidas en Colombia?

Es un riesgo que siempre ha estado. En varias ocasiones han intentado entrar en la sede del Movice, a la vez que hemos denunciado formal y públicamente la presencia de drones y amenazas a nuestros voceros. No tenemos más que nuestras voces para exigir, y sin embargo se pretende callarnos. Pero mientras haya compañeros y compañeras comprometidas, no nos van a callar.