Las mujeres rurales, campesinas y afroatrateñas del Chocó

SweFOR acompañó a la Comisión de Género de COCOMACIA – en un encuentro de mujeres afrodescendientes para conmemorar esta importante fecha. Más de 100 mujeres crearon un espacio para compartir, capacitarse y establecer estrategias para el fortalecimiento del rol de la mujer rural.

A inicios de este año, Colombia dio un paso adelante en el reconocimiento del campesinado. Mediante un acto legislativo, el Congreso de la República reconoció al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional e integró el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales de 2018 al bloque de constitucionalidad.

La adopción de la Declaración fue lograda gracias a una lucha incansable por parte de organizaciones campesinas de todo el mundo para lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las personas campesinas y el reconocimiento de su relación única con la naturaleza, aspecto crucial frente a la actual crisis climática. La misma impone el deber para los Estados de proteger, respetar y garantizar los derechos de personas campesinas al reconocer derechos humanos individuales y colectivos, entre ellos, el derecho a la tierra, a las semillas, a la soberanía alimentaria, al agua potable y a la cultura y saberes ancestrales, entre varios otros. También establece derechos particulares para mujeres rurales, como los artículos 3 y 4 en cuatro al derecho a la igualdad y no discriminación.

Asimismo, el reconocimiento del campesinado en la Constitución colombiana marca un hito histórico en relación con el reconocimiento de los derechos de mujeres rurales afrocolombianas. Según el DANE, “en las zonas rurales se concentran el 76,6% de las mujeres que se autorreconocen como indígenas y el 33,1% de las que se identifican como negras, mulatas, afrocolombianas o afrodescendientes.” Teniendo en cuenta su particular situación de vulnerabilidad, el reconocimiento de sus derechos significa que las mujeres rurales afrocolombianas, como las afroatrateñas del Chocó, están ahora amparadas por las normas que las protegen como grupo étnico y a su vez como campesinas, y por el rol vital que desempeñan para la protección de la tierra, el territorio y la vida.

Las mujeres rurales afroatrateñas se identifican por su singular relación con la tierra y el territorio. Para ellas, el territorio es todo el ámbito en el que se mueven -sus comunidades, el río, el monte, sus fincas y sus hogares- y en el que se dedican a oficios varios: la minería artesanal, la pesca, sacar madera, los cultivos, la medicina ancestral, los emprendimientos y el liderazgo comunitario. Para ellas, esto significa crear comunidades sostenibles en convivencia pacífica, donde se apoyan y crean redes de cuidado. Son las que sostienen la alimentación, contribuyen a la economía y mantienen la cultura y los saberes ancestrales.

Las mujeres afroatrateñas sostienen la vida, no solo por ser lideresas, matronas, madres, comadres y abuelas, o por ser las cuidadoras de la tierra, del ambiente y las productoras de los alimentos que comen sus familias, sino que además son las productoras de lo que se consume en las ciudades.

Las mujeres rurales brindan fortaleza a la comunidad, resistencia en el territorio y defienden para sus comunidades un territorio libre de violencia. Se reconocen como agente de cambio y por eso apuestan a la protección del ambiente, haciendo un buen uso de la tierra que da de comer y produce la vida. En este sentido, tienen un rol clave en alcanzar la paz y frenar la violencia.

Es por ello que ellas, las campesinas lideresas y defensoras de derechos humanos, son las primeras afectadas por la violencia del conflicto armado y por los daños derivados la explotación del ambiente y el uso indebido de la tierra.

Ellas no escapan a las tendencias globales identificadas por Naciones Unidas: las mujeres rurales son las que tienen salarios más bajos, acceso limitado a servicios sociales, menor poder de decisión en hogares y comunidades, menor posibilidad del uso libre de la tierra, mayor probabilidad de sufrir complicaciones de salud que ponen en riesgo su vida, mayor exposición a la violencia de género y matrimonios infantiles, impedimentos para la educación y empleo, entre otros.

Por todo lo anterior, las mujeres defensoras y lideresas afroatrateñas vienen alzando cada vez más sus voces: exigen ser reconocidas y tomadas en cuenta de manera directa como sujetas de derecho, como defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, para asegurar su participación activa en los espacios organizativos, electorales, en mesas de decisiones relacionadas con sus derechos, la paz y el desarrollo. Exigen al Estado y solicitan a la cooperación internacional que se brinden condiciones para asegurar su acceso al trabajo decente, a la tierra, a la educación, al agua limpia y a un entorno libre de violencia. Defienden sus derechos y demandan una garantía integral y diferenciada, y exigen ser tenidas en cuenta no únicamente como víctimas y población vulnerable sino como agentes de cambio, resistencia y paz para sus territorios.