Un “nuevo” valor para el bosque. Cómo los mercados de carbono reconfiguran las relaciones sobre el territorio.

La historia de los territorios colectivos del Pacífico y la Amazorinoquía también es la historia de las disputas por el control de sus recursos y de quienes los habitan. A lo largo de las décadas, distintos actores han encontrado en ellos fuentes de riqueza y oportunidades económicas: el oro, la madera, la expansión ganadera, los cultivos de uso ilícito, el petróleo o la palma han marcado diferentes momentos de una misma historia. Cada una de estas economías ha transformado la relación con el territorio y ha generado nuevas tensiones en torno a quién decide sobre él, quién se beneficia de sus recursos y cómo se protegen quienes lo habitan.

Hoy, en medio de la crisis climática, esa historia incorpora un nuevo elemento. El carbono almacenado en los bosques deja de ser únicamente parte de un ciclo ecológico y adquiere un valor económico asociado a su capacidad para capturar o evitar emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre esa base surgen los mercados de carbono, un mecanismo mediante el cual proyectos de conservación generan créditos que pueden ser adquiridos por empresas o gobiernos para compensar parte de sus emisiones[1]. Estos instrumentos buscan movilizar recursos hacia la protección de los bosques, pero también plantean nuevas preguntas: ¿quién define las reglas de estos proyectos?, ¿cómo se distribuyen sus beneficios?, ¿qué implicaciones tienen para la gobernanza de los territorios y la autonomía de las comunidades que los habitan?

Bajo esta lógica, proyectos de conservación reciben recursos por mantener los bosques en pie. Ecosistemas que durante siglos han sido valorados principalmente por su importancia ecológica, cultural y espiritual comienzan también a adquirir un valor económico asociado al carbono que almacenan.

En regiones como el Chocó, donde gran parte del territorio está cubierta por bosques, se ha vuelto cada vez más común escuchar sobre proyectos REDD+, uno de los principales mecanismos de conservación asociados a los mercados de carbono[2]. Su llegada ha despertado expectativas, pero también preguntas sobre las oportunidades y los desafíos que representan para las comunidades, en un contexto en el que el bosque deja de ser valorado únicamente por su importancia ecológica y cultural para adquirir también un valor económico asociado al carbono que almacena.

Aunque estos mecanismos se han expandido rápidamente en Colombia durante los últimos años, sus implicaciones para los territorios siguen siendo objeto de debate entre comunidades, organizaciones sociales, autoridades y actores del sector ambiental. En un país donde una parte importante de los proyectos de carbono forestal se desarrolla en territorios colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes, estas discusiones trascienden la política climática e involucran preguntas sobre quién toma las decisiones, con qué información participan las comunidades y cómo se distribuyen los beneficios[3].

Estas preguntas son precisamente el punto de partida del informe Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía, elaborado por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello[4]. El informe parte de una pregunta central: ¿qué ocurre cuando la capacidad de los bosques para almacenar carbono se convierte en un activo económico? A partir de ella analiza cómo estos proyectos pueden transformar las formas de gobernanza territorial, quiénes participan en las negociaciones, cómo se distribuyen los beneficios y qué implicaciones tienen para la autonomía de las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios.

Estas preguntas adquieren una relevancia adicional en un contexto internacional en el que la cooperación para el desarrollo, la construcción de paz y la protección de los derechos humanos enfrenta una reducción progresiva de recursos. A medida que estas fuentes de financiación pierden peso, el financiamiento climático adquiere un papel cada vez más importante para organizaciones, comunidades y proyectos territoriales. En ese escenario, los mercados de carbono dejan de ser únicamente una herramienta de política ambiental y pasan a influir también en la forma en que se financian iniciativas de conservación, se establecen relaciones entre distintos actores y se toman decisiones sobre los territorios, lo que refuerza la necesidad de garantizar procesos transparentes, participativos y respetuosos de la autonomía comunitaria.

El debate sobre los mercados de carbono no se reduce a determinar si constituyen una buena o una mala herramienta para enfrentar la crisis climática. La pregunta central es en qué condiciones pueden contribuir a la protección de los territorios sin debilitar la autonomía de las comunidades que los habitan. En regiones como el Chocó y la Amazorinoquía, donde las comunidades indígenas y afrodescendientes han construido formas propias de gobierno sobre sus territorios colectivos y donde persisten múltiples disputas económicas y armadas, cualquier iniciativa de conservación se inserta en una historia previa de conflictividad. El carbono no reemplaza esas disputas. Se incorpora a ellas.

[1] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Mercados de carbono. https://www.minambiente.gov.co/mercados-de-carbono/

[2] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Qué es REDD+? https://www.minambiente.gov.co/mercados-de-carbono/que-es-redd/

[3] Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP). (2025). EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo. CINEP/PPP. https://cinep.org.co/publicaciones/producto/egc-en-el-choco-violencia-poder-y-miedo/

[4] Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. (2026). Mercantilizar la vida: mercados de carbono en la Amazorinoquía. https://corporacionclaretiana.org/2026/05/11/mercantilizar-la-vida-mercados-de-carbono-en-la-amazonorinoquia/