Sostener a quienes sostienen: el impacto silencioso del recorte a la cooperación internacional

Durante décadas, la cooperación internacional fue un componente clave del trabajo de las organizaciones sociales en Colombia. Buena parte de ese apoyo provino de USAID, la agencia de cooperación del Gobierno de Estados Unidos, que hizo de Colombia el principal receptor de sus recursos en América Latina[1]. Según APC-Colombia, en 2024 Estados Unidos aportó aproximadamente el 60,7% de la cooperación internacional alineada con la implementación del Acuerdo de Paz[2]. Sin embargo, a partir de 2025, los cambios en la política exterior estadounidense y las reducciones de apoyo de otros gobiernos donantes se tradujeron en una reducción significativa del financiamiento.

Durante meses, el debate se ha centrado en las cifras: presupuestos suspendidos, proyectos cancelados y millones de dólares que dejaron de invertirse en Colombia. Varias organizaciones internacionales han reducido o cesado sus operaciones. Una de ellas fue Heartland Alliance International, que cerró su oficina en Quibdó, interrumpiendo programas de protección, atención psicosocial y apoyo a comunidades afectadas por el conflicto en el departamento.

Para muchas organizaciones sociales, la cooperación internacional no constituye un apoyo complementario, sino uno de los principales pilares que hace posible su trabajo cotidiano. En algunos casos, los recursos provenientes de donantes internacionales representan la mayor parte de su presupuesto anual.

Para quienes trabajan diariamente en los territorios, el impacto más profundo no se refleja en las hojas de cálculo. Se traduce en la interrupción de iniciativas que han requerido años de construcción colectiva, confianza y presencia constante. Detrás de cada proyecto suspendido hay organizaciones que reducen su capacidad de acompañamiento, comunidades que pierden espacios de encuentro y personas defensoras que enfrentan mayores riesgos.

Más allá de la disminución del apoyo financiero, distintas organizaciones coinciden en que el mayor desafío es sostener la presencia en los territorios. En muchos casos, la protección no depende únicamente de ejecutar proyectos, sino de mantener un acompañamiento constante a las comunidades: escuchar sus preocupaciones, documentar violaciones de derechos humanos, fortalecer sus organizaciones y facilitar el diálogo con las instituciones.

Así lo explica la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), que señala que su trabajo se ha construido históricamente desde la presencia territorial y la confianza con las comunidades. La reducción del financiamiento ha obligado a disminuir los viajes a los territorios y a replantear parte de su trabajo cotidiano. En la práctica, “esto implica limitar el acompañamiento presencial a comunidades que enfrentan amenazas, confinamientos, desplazamientos, estigmatización y abandono institucional”, menciona Alejandra Aragón, encargada de incidencia de la organización. Esta situación refleja un contexto internacional en el que las agendas de paz, género, protección y derechos humanos enfrentan crecientes restricciones, por lo que sostener procesos de largo plazo resulta cada vez más difícil.

Las consecuencias de estos cambios trascienden a las organizaciones ejecutoras. También afectan la capacidad de las comunidades para mantener espacios de formación, fortalecer liderazgos, incidir ante las instituciones o desarrollar estrategias de protección colectiva. La reducción de recursos obliga, en muchos casos, a priorizar la respuesta a emergencias, lo que limita la continuidad de iniciativas que requieren un acompañamiento sostenido para generar cambios a largo plazo.

La reducción de la cooperación no solo afecta a quienes ejecutan los proyectos, sino también a las organizaciones comunitarias que durante años construyeron redes de trabajo alrededor de esos apoyos. En los Montes de María, Mujeres Sembrando Vida muestra cómo esta situación afecta a iniciativas comunitarias que dependen de estas alianzas para sostener su trabajo. Yirley Velásco, representante legal de la asociación, explica que la falta de recursos ha limitado el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y a niñas sobrevivientes de violencia sexual, especialmente en casos que requieren desplazamientos, atención jurídica y apoyo psicosocial. Además, advierte que el acompañamiento internacional no solo aporta recursos, sino también visibilidad: «cuando esas entidades internacionales nos acompañan, nuestro trabajo se visibiliza y eso también representa una medida de protección».

En regiones donde el conflicto armado y la violencia continúan siendo una realidad, el acompañamiento internacional ha funcionado durante décadas como un mecanismo adicional de protección. Su labor no solo ha contribuido a visibilizar situaciones de riesgo y fortalecer procesos organizativos, sino que también ha generado una forma de respaldo para comunidades y personas defensoras que desarrollan su labor en contextos altamente complejos.

Ese papel protector también es destacado por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que durante años ha contado con el acompañamiento de organizaciones internacionales. Para la comunidad, esa presencia ha sido «un verdadero escudo protector frente a los riesgos que enfrentamos en el territorio», como señala Arley Turbequia, miembro del consejo interno. Sin embargo, advierte que cerca del 70% del acompañamiento internacional permanente con el que contaban ha desaparecido. En un contexto donde continúa la violencia y las amenazas contra la población civil, la Comunidad de Paz considera que esta reducción incrementa los riesgos para la población y para la continuidad de su proyecto colectivo.

Hoy, en medio de un escenario internacional cambiante, las organizaciones sociales advierten que el principal desafío no consiste únicamente en reemplazar los recursos perdidos. La preocupación es cómo sostener el trabajo organizativo, el acompañamiento territorial y las redes de protección construidas durante años junto a las comunidades. Cuando desaparece el acompañamiento, no solo se suspenden proyectos: también se debilitan los vínculos, la confianza y las condiciones que durante años han contribuido a proteger la vida y los derechos en los territorios.

[1] Congressional Research Service (2025). Colombia: Background and U.S. Relations. https://www.congress.gov/crs-product/R48287

[2] Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia). (2025). Informe individual de implementación del Acuerdo de Paz 2025. https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2026-04/Informe-individual%20APC-Colombia-de-implementacion-del-acuerdo-de-paz-nacional%202025.pdf