Búsqueda y memoria en la comunidad kankuama

Era noviembre de 2023 y acompañábamos a integrantes del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – Capítulo Bogotá) como parte de una actividad por demás significativa. Se trataba de la entrega digna de los restos de quien en vida fuera Juan Fernando Rodríguez Villafaña, un adolescente de 15 años, indígena kankuamo-arhuaco, desaparecido en enero 2006, probablemente víctima de homicidio en persona protegida.

La violencia en territorio Kankuamo empezó a evidenciarse entre los años 1988 y 1990 cuando comenzó el control territorial de las guerrillas. Luego se agudizó con la presencia de paramilitares, lo que produjo enfrentamientos entre ambos actores y el asesinato de muchos miembros de la comunidad, al acusarlos de pertenecer a un grupo o al otro.

Pero Eliécer Arias, defensor de derechos humanos y líder kankuamo, nos señala otro factor determinante en los comienzos de la violencia en Río Seco, relacionado con la construcción de la carretera que conecta Valledupar con el Caribe y La Guajira.

Según nos relata, era de especial interés para las empresas mineras que existiera una vía rápida de comunicación, por lo que a inicios de la década de 1990 se empieza a proyectar la construcción de la carretera que atravesaría el territorio ancestral kankuamo partiéndolo al medio.

Al mismo tiempo, se había comenzado censar a la población kankuama de Río Seco, para que pudiera empezar a formar parte del Resguardo Indígena de la Etnia Kankuama (lo que finalmente se logró en abril de 2003). Por lo tanto, para llevar adelante las obras de construcción de la carretera se iba a tener que consultar a la comunidad, que no estaba de acuerdo con el proyecto.

A partir de ese entonces, los grupos paramilitares financiados por las empresas –y que a su vez impartían órdenes al DAS– comenzaron a entrar al resguardo, secuestrando, asesinando y desapareciendo personas.

“La primera década del 2000 fue extremadamente violenta…”, nos dice Eliécer,  “…asesinaban todos los días a integrantes de la comunidad y dejaban tirados los cuerpos a la vera del camino”.

Según Eliécer, el primer objetivo fueron las personas que vivían en la zona por donde iba a pasar la carretera. Esta situación hizo que muchas familias kankuamas se fueran desplazadas a otros sitios y el lugar quedara bastante desolado. “De las aproximadamente 100 familias que antes vivían allí, solo quedaron unas 10, que vivían bajo mucha presión y como ‘esclavas de los paramilitares’; obligándolas a hacer diversos tipos de trabajo”, afirma.

En esta dinámica de violencia y expulsión, la fuerza pública también intervino -especialmente el Batallón La Popa-, señalando a la población kankuama de guerrillera para justificar los asesinatos que perpetraba.

En este contexto de connivencia entre diferentes actores, Río Seco fue tomado por los paramilitares, usándolo como base de sus operaciones, debido a su ubicación estratégica: cercanía a la ciudad de Valledupar y puerta de entrada al resguardo, desde donde fácilmente podían controlar todo lo que entraba y salía.

En 2003, después de una ola de asesinatos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al pueblo kankuamo, pero la única respuesta del Estado fue la construcción de una base militar inconsulta en territorio ancestral, en una parte de la carretera donde se encontraban muchos cuerpos de personas que habían sido secuestradas y desaparecidas por los paramilitares y la fuerza pública.

Como parte de esta violencia ejercida hacia el pueblo kankuamo, en 2006 desaparecen a Juan Fernando Rodríguez Villafaña. Así es como la situación de su familia comenzó a asemejarse a la de tantas otras de la comunidad que buscaban a sus seres queridos.

«Actualmente el pueblo kankuamo registra 72 personas desaparecidas, 401 asesinadas y 12 ejecutadas extrajudicialmente, cifras que lamentablemente se van actualizando día a día», nos relata Eliécer.

Aun así, la mayor parte de las familias indígenas no denuncian las desapariciones por miedo, porque son intimidadas y amenazadas y porque no confían en las autoridades e instituciones estatales, debido a que muchas veces los funcionarios no llegan a las comunidades, prefiriendo desconocer el conflicto. No obstante, algunos líderes y lideresas comenzaron a intentar organizar a la comunidad.

En este contexto, llegamos por primera vez a Valledupar, en julio de 2018, para acompañar a Eliécer Arias. El líder kankuamo estaba iniciando, junto a varias mujeres de la comunidad, un proceso de búsqueda de familiares desaparecidos y, en ese marco, Medicina Legal les iba a tomar muestras de ADN. Una de esas mujeres era Luz María Villafaña, la mamá de Juan Fernando.

Este acontecimiento fue por demás importante ya que no solo a causa del miedo, las amenazas o la desconfianza los familiares no suelen iniciar procesos de búsqueda o denuncias de desapariciones, sino que además existen otros obstáculos. Por ejemplo, la dificultad para las comunidades indígenas de acceder o salir de algunos de sus territorios -donde solo se puede llegar a pie, ya en tierras altas, camino a la Sierra Nevada- que se suma a la distancia, el costo y el tiempo que significa llegar desde allí a Valledupar; o también, que son muchas las personas indígenas que no hablan español.

Asimismo, aquel proceso cobró un significado especial cinco años más tarde, cuando finalmente se pudo conocer algo de la verdad acerca de Juan Fernando, habiéndose identificado sus restos.

Fue en ese entonces que volvimos al territorio ya que, aun habiendo mejorado la situación de violencia, luego de los Acuerdos de Paz, la población kankuama siguió siendo blanco de asesinatos y amenazas. Especialmente los líderes sociales y los familiares de víctimas que hablan o buscan saber la verdad, viven cotidianamente situaciones de amenaza con alto riesgo para sus vidas, por lo que con frecuencia tienen que salir desplazados del territorio.

Es en este contexto que el acompañamiento solicitado a SweFOR cobra especial sentido, resultando necesario en cada una de las etapas del proceso, tanto para acompañar en la toma de muestras de ADN como para acompañar la entrega de los restos de Juan Fernando a su familia. La necesidad de protección hacia líderes y lideresas es fundamental en estos procesos, algo en lo que SweFOR viene trabajando hace 20 años en la región; sumado a la permanente solidaridad y acompañamiento que brindamos en los casos de lucha contra la impunidad, construcción de memoria y búsqueda de verdad, de justicia y de paz.

Finalmente, diecisiete años después de su desaparición y cinco años después de la toma de muestras, habiendo atravesado diferentes violaciones de los derechos humanos -como asesinatos, masacres, desapariciones, amenazas, persecuciones, etc.-, su familia y toda la comunidad han podido hacer un cierre, en la ceremonia de entrega digna e inhumación de los restos de Juan Fernando.

Luego de una emotiva despedida, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Río Seco, junto a la tumba de su padre, quien en julio de 2007 también fue asesinado, haciéndolo pasar como «baja en combate» en un caso más de homicidio en persona protegida.

 

Desafortunadamente no hay verdad completa acerca de Juan Fernando. El Estado no ha dado ningún tipo de información acerca de lo que le sucedió. Como nos comenta Luz Marina Hache, integrante del MOVICE y acompañante del proceso, “la herida sigue abierta en la medida que los familiares no tuvieron la posibilidad de saber efectivamente qué fue lo que le pasó a Juan Fernando”. Sus restos fueron encontrados en el cementerio nuevo de Valledupar, lo que para la comunidad significa una alta probabilidad de ejecución extrajudicial por parte de la fuerza pública, dado que es en ese cementerio donde han enterrado a muchos de los casos de homicidios en personas protegidas.

Según Eliécer, el Estado colombiano no le ha dado transcendencia al crimen de desaparición forzada y, en lugar, han sido las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras quienes han tratado de visibilizar, investigar, recolectar información y buscar a los seres queridos.

El próximo paso, nos cuenta, es que el caso de Juan Fernando pueda ingresar en el macrocaso 03 de la JEP. Para esto hace falta sortear muchas dificultades, especialmente la desorganización y la descoordinación que existe entre las diferentes instancias del Estado que intervienen en los procesos de búsqueda y de esclarecimiento de la verdad.

Por lo pronto, los familiares de Juan Fernando pudieron reencontrarse con él, aunque no de la manera que hubiesen querido, pero habiendo logrado, mediante una incesante búsqueda, mantener viva su memoria y, en la de él, la de muchos jóvenes y niños kankuamos que han sido víctimas del conflicto armado.