"Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota”. Con estas palabras, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, presentaba el esperado informe final de la Comisión de la Verdad, surgida del Acuerdo Final de Paz (2016) entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC-EP. Bajo el título Hay futuro si hay verdad, el texto trata de esclarecer las raíces de casi seis décadas de violencia en Colombia.
Con el objetivo de construir una “paz grande”, la Comisión de la Verdad ha escuchado en tres años y medio 28.543 testimonios de víctimas, pueblos indígenas, afro y campesinos, pero también de miembros de grupos armados ilegales, Fuerza Pública, empresarios y expresidentes. Son diez capítulos -aún pendientes de publicación- que buscan explicar cuáles fueron las causas de la guerra, los patrones que se repitieron entre 1958 y 2016 y sus consecuencias para los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.
La Comisión de la Verdad colombiana no es única en el mundo, donde han existido más de cincuenta. Lo que sí son inéditos son algunos de sus capítulos, que analizan los impactos diferenciales del conflicto hacia algunas poblaciones. Entre estos, el de género -aborda la violencia contra las mujeres y población LGTBI+ en el conflicto-, el del exilio -incluye los relatos de quienes tuvieron que salir de Colombia por la guerra-, y el étnico -se enfoca en patrones de violencia hacia poblaciones indígenas, afrodescendientes, palenqueras y raizales. Este último estuvo a cargo de los comisionados Leyner Palacios y Patricia Tobón, quienes recogen la implementación del enfoque étnico del Acuerdo Final de Paz.
El informe final no aspira a una verdad absoluta: «la Comisión no es dueña de la verdad, al contrario, sabe que le pertenece a la verdad y que debe esclarecerla», afirmó de Roux. Tampoco a una verdad jurídica, ya que su contenido no tiene consecuencias judiciales, para facilitar en su momento que las personas contaran los hechos sin temer repercusiones penales. No obstante, la Comisión de la Verdad trabaja de forma coordinada con otras entidades del Sistema Integral para la Paz que surgieron con el Acuerdo Final de Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de la justicia transicional, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En las 896 páginas que componen el primero de los documentos entregados por la Comisión de la Verdad, se presentan hallazgos clave sobre casi seis décadas de conflicto armado en Colombia:
La mayoría de las víctimas (80%) fueron civiles. Se identificaron 450.664 homicidios en la guerra, 7,7 millones de desplazamientos forzados, 121.768 desapariciones forzadas, 16.238 reclutamientos, 50.770 secuestros y 32.446 víctimas de actos contra la libertad sexual e integridad sexual. Los principales responsables de estos fueron grupos paramilitares (45%), las FARC-EP (21%) y agentes del Estado (12%).
El modelo de seguridad vigente no ha generado protección. Es más, el informe señala que algunas de sus características incentivaron el conflicto armado: la militarización, el uso del concepto de “enemigo interno”, la relativa autonomía de militares frente al mando civil, la injerencia de los Estados Unidos o el uso de civiles en labores de seguridad, derivando esta última en el paramilitarismo.
El narcotráfico y la impunidad como claves para entender la persistencia del conflicto en Colombia. Sobre el primero, la Comisión de la Verdad señala que penetró en la política de distintas formas, financió grupos armados ilegales y fue parte de la contrainsurgencia. La impunidad, explica, “aumenta las probabilidades de repetición y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas”.
Describe las causas del surgimiento de las guerrillas y su poder ejercido a través de las armas, en zonas de poca presencia del Estado y con estrategias cada vez más enfocadas a lo militar. Según la CEV, negar la participación política de las guerrillas fue uno de los factores por los que estas persistieron durante décadas.
Los falsos positivos fueron una práctica sistemática por parte del Estado colombiano, no casos aislados o responsabilidades individuales. El informe menciona que se usó “la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas en condiciones de indefensión”.
En la presentación del Informe Final, y como parte de su declaración, la @ComisionVerdadC hace una serie de peticiones dirigidas a distintos actores y sectores encaminadas a la no repetición del conflicto armado y a la reconciliación del país. 1⃣2⃣3⃣4⃣ #HayFuturoSiHayVerdad pic.twitter.com/jmFHxoxwMf
— Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) June 28, 2022
La Comisión de la Verdad presentó una serie de recomendaciones para superar la impunidad en las violaciones de derechos humanos, luchar contra la corrupción, garantizar la reparación integral de las víctimas, enfrentar la violencia generada por el narcotráfico y transformar el sector defensa, entre otros. Las recomendaciones instan tanto al Gobierno Nacional como la Fuerza Pública, sociedad civil y otros sectores a superar el conflicto armado y evitar que se repita:
Implementación integral del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, con la propuesta de crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación.
Desescalar la violencia en los territorios por medio de acuerdos humanitarios regionales -como sería el caso del departamento del Chocó– y avanzar en nuevas negociaciones de paz con grupos como el ELN.
Eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar, separar la Policía del Ministerio de Defensa para garantizar su carácter civil, reformar el sistema de ascensos de militares y policías, o reconocer las guardias comunitarias como herramientas de protección colectiva de las comunidades.
Una política de la memoria para la no repetición, a la vez que un Pacto Político Nacional para rechazar la violencia.
Ajustes a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) para garantizar la reparación integral y recursos adicionales a los que se vienen destinando. La Comisión advierte que “no se observa que la proyección presupuestal, ni las metas establecidas contribuyen a la indemnización en el mediano plazo”, y que en la primera década de vida de la ley, se indemnizó a menos del 20% de las víctimas.
Transformación del campo, a través de la distribución de 3 millones de hectáreas al campesinado que esté en la frontera agraria, regular la legislación sobre la acumulación ilegal de baldíos, y agilizar las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina y titulación de tierras de pueblos indígenas.
El trabajo de esta Comisión de la Verdad culmina con la presentación del informe final, pero a partir del 28 de junio cuenta con dos meses para socializar el documento por Colombia y el extranjero. Asimismo, se conforma un Comité de Seguimiento y Monitoreo, cuyos siete miembros/as tienen el encargo de durante los próximos siete años revisar la implementación y avances de las recomendaciones. De esta forma, se espera dignificar a las víctimas, impactar en las políticas públicas, aportar al ejercicio de memoria colectiva, y sentar las bases para que nunca más se repita lo ocurrido.