Desde el 2017, 10 alertas tempranas han llamado la atención sobre la vulneración de los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el departamento del Meta. Tanto en los Llanos como a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo ha identificado que los liderazgos sociales son los primeros en sufrir los impactos de las dinámicas de control territorial por parte de grupos armados y se enfrentan a escenarios de fuerte estigmatización.
En su Alerta Temprana 019-23, la Defensoría del Pueblo subraya que el departamento del Meta constituye una región de especial riesgo para las lideresas y defensoras de DDHH: “En este contexto y dado el interés de los grupos armados ilegales por mantener el control territorial, continúan imponiendo normas de comportamiento que ponen en riesgo la vida de las lideresas”.
Conversamos con cuatro líderes y lideresas que representan tres diferentes movimientos sociales surgidos de la necesidad de defensa y promoción de los derechos humanos en los Llanos y la falta de atención de institucionalidad estatal. Sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, Daniela Morales, comunicadora social en la corporación Yo Puedo, nos comenta que para aquellas personas que trabajan “temas ambientales, derecho a la vida, en reincorporación, está muy complejo por todo este tema del recrudecimiento del conflicto, de grupos armados y bandas criminales. Está muy fuerte y generando un peligro constante para la vida de cada uno y cada una de ellos y ellas.” En consonancia, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas – OCHA – ha reportado que la población civil en los departamentos del Meta y Guaviare, y en especial niños, niñas y adolescentes, ha sido gravemente afectada por homicidios, amenazas de reclutamiento, desplazamientos y violencia sexual.
Vilma Gutiérrez Méndez, fundadora del MOVICE capítulo Meta, nos cuenta que sigue habiendo muchas limitaciones y barreras para el trabajo de las defensoras y que, aunque el gobierno anuncia un cambio, la voluntad política en la región es central para alcanzar metas y poder aportar al trabajo de la labor de defensores. Además, resalta que la exposición a amenazas y agresiones de los grupos armados hacia los defensores y las defensoras limita el trabajo en el Meta, y que está preocupada por su influencia en el proceso electoral de octubre próximo. Espera que los diálogos, acuerdos y ceses al fuego que se están adelantando con distintos actores puedan dar lugar a elecciones en paz. Juan del Toro, co-fundador del Tejido Nacional de Juventudes, analiza las características del conflicto y nos comparte que “el territorio ha sido azotado por la violencia, que tiene construcción social con base en el machismo”.
En un contexto donde los actores armados cierran el espacio de acción de las y los defensores, Viviana García psicóloga en la corporación Yo Puedo identifica la necesidad de “que, a nivel nacional, se den cuenta de que el Meta sigue teniendo conflicto armado en sus municipios: hay algunas dinámicas que de pronto han pasado por encima, no solamente ante entidades del Estado, sino también ante entes de la cooperación. Es importante que puedan volver aquí y acompañar lo que se está haciendo desde las mesas de coordinación humanitaria, desde lo que se ha empezado a visibilizar desde los procesos de liderazgos”. Y agrega que, especialmente como jóvenes y mujeres defensoras, tienen el reto de “sensibilizar a una sociedad que aún tolera y justifica las violencias contras las mujeres. Creo que uno de los retos más grandes, ha sido el de dar a conocer y promover que las mujeres no somos culpables de las violencias de las que somos víctimas”. Como psicóloga, Viviana ha visto los impactos de la violencia e inseguridad del conflicto armado entre las defensoras y los defensores. El acceso a la salud mental no ha sido ampliamente difundido y los que han trabajado muchos años con la carga del proceso de paz ahora lo sienten como una deuda.
Viviana: “Necesitamos que la ruta y el programa integral de garantía para protección a lideresas y defensoras funcione de forma adecuada.” Para ella, esto implica una revisión de las medidas de protección para que las y los defensores puedan seguir desarrollando sus liderazgos. Así mismo, afirma que se requiere una transformación institucional y cultural para que el “imaginario estigmatizante no haga parte del lenguaje del funcionario” encargado de recibir una denuncia. Por su lado, Juan es un líder jóven y ha experimentado resistencia contra el involucramiento de jóvenes en procesos políticos y de defensa de los derechos humanos. Representantes jóvenes suelen ser infantilizados y no son vistos como relevo generacional. Según su experiencia, los jóvenes no obtienen el mismo acceso a espacios de participación que otros adultos porque “el Estado está organizado para que los jóvenes no participen. Eso ha sido violento en el proceso de reconocimiento de los jóvenes, pero también se ha vuelto una lucha.”
Vilma expresa que es necesario profundizar el conocimiento del programa integral de garantías para mujeres defensoras para tener las herramientas necesarias para exigir al Estado la implementación. En cuanto a la construcción de paz y las mesas de diálogos que están en marcha, espera que las mesas puedan celebrarse en los territorios y afirma que “nosotros creemos que la participación es muy importante. Sentar a los actores así, para hablar sobre que está ocurriendo, lo de las extorsiones y todo. Nos parece muy importante la participación de la sociedad en esa mesa de los diálogos de los actores. Lo mismo con los otros actores – los grupos criminales paramilitares. […] Entendemos que son muy difíciles y complejos esos diálogos, pero ya entendimos después de tantos años, Vilma: “que solo el diálogo y la concertación pueden impedir el conflicto y avanzar en la construcción de la Paz.”