En las últimas décadas, diferentes medios de comunicación, pronunciamientos públicos e informes de organizaciones locales e internacionales han alertado de la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta al Chocó. Un escenario condicionado por la reconfiguración del conflicto armado en el departamento, el histórico abandono estatal y el lento avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz. A este se suma una población que en su mayoría se ha visto confinada por el conflicto armado en algún momento el último año y una capital departamental con las cifras de homicidio per cápita más altas del país.
Conversamos con Bayesteira Palacios, secretaria del Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes (ACABA) sobre los esfuerzos y peticiones de la sociedad civil chocoana para desescalar la violencia, proteger a la población civil y dar garantías a aquellos derechos humanos individuales y colectivos que están en riesgo. Una población que, en iniciativas como el Acuerdo Humanitario Ya! para el Chocó y la recientemente constituida Mesa Humanitaria, insta al Estado colombiano a tomar las medidas para frenar un conflicto armado que pone en riesgo a las comunidades afrocolombianas e indígenas del departamento.
Es una crisis que persiste porque después del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP se ha reconfigurado el conflicto armado al interior del Chocó, en sus cinco subregiones. En vez de disminuir, ha ido incrementando, con nuevas figuras [actores armados ilegales] que quieren imponernos sus reglas guerreristas y economías ilegales. Estas no son prácticas del pueblo chocoano ni de nuestros antepasados, y que rechazamos rotundamente. Y ahí entramos en choque con ellos.
Creemos que la paz en el Chocó, y en toda Colombia, se logra con hechos reales, voluntad política de los gobiernos y presencia institucional, no solo de la fuerza pública. Es dar la oportunidad a las comunidades y las regiones de poder desarrollarse, ser auto-sostenibles, luchar y defender lo que es de ellos. Cuando tengamos esas libertades y oportunidades, podemos hablar del inicio de la paz en nuestro territorio. Pero necesitamos el compromiso del gobierno. Porque hablamos del Estado, y el Estado somos todos, incluyendo el gobierno con su institucionalidad.
La Mesa Humanitaria del Chocó se crea precisamente para seguir luchando por los derechos de las víctimas y del pueblo chocoano. Esperamos que el próximo gobierno pueda restablecer los diálogos con el ELN, porque sabemos si el conflicto sigue en nuestro territorio y los grupos armados ilegales permanecen en las regiones, no va a cambiar nada.
Tenemos la expectativa que a través de la Mesa Humanitaria se puedan evidenciar y proponer alternativas de cómo salir de la crisis humanitaria y empezar a hablar de paz. Y somos reiterativos en el proceso de paz que se había iniciado con el ELN pero que se truncó, el cual nosotros como chocoanos anhelamos y necesitamos.
Dentro de las voluntades políticas concretas que necesitamos del nuevo gobierno, está que reglamente la Ley 70 del 1993. Estamos convencidos que una vez reglamentada la ley -a la cual le faltan cuatro capítulos por reglamentar-, obtendremos las herramientas necesarias para ser más productivos en nuestro territorio y desarrollarnos de una manera autónoma, como nosotros queremos y no como nos vienen a imponer los gobiernos o las instituciones. El Chocó es un departamento con alto potencial pero no tenemos cómo hacer empresa porque nos faltan los recursos económicos. Los recursos humanos están -aquí hay gente preparada y capacitada que puede emprender y hacer cosas-, pero sin ellos o presencia en los espacios de toma de decisiones en el gobierno nacional donde reivindicar lo que es nuestro o lo que queremos en las regiones, vamos a quedarnos en la nada.
Las embajadas en Colombia cofinancian muchos proyectos y tienen interlocución directa con el gobierno. Desde ACABA les pedimos que exijan eficacia al gobierno nacional en las políticas a favor de las víctimas y les digan “muéstrenos los resultados”. Estos resultados no son algo solamente en escrito, sino que toca ir al territorio para ver cómo están, escuchar a las víctimas y ver si la situación ha mejorado o empeorado. Les pedimos dar seguimiento a esos recursos, si están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron destinados.
Esperamos que el informe cuente la verdadera verdad. No la verdad que de pronto se quiere escuchar a nivel internacional o por parte de las grandes esferas de poder del Estado colombiano, sino la verdad sobre lo que ocurrió: el por qué lo hizo, las afectaciones y cómo estos hechos continúan en nuestro territorio. Eso esperamos del informe, ojalá no nos vayan a defraudar.