En Colombia, así como en muchos otros países del mundo, las personas y comunidades racializadas enfrentan problemáticas, dificultades y tienen necesidades específicas que son habitualmente profundizadas por sistemas estructurales de opresión que se entrelazan y potencian, y que tienen como resultado un sinnúmero de desventajas, limitaciones y techos al desarrollo individual y colectivo.
Una de las expresiones de esas opresiones se refleja en las estadísticas de empobrecimiento multidimensional y de desocupación que, además, afecta aún más a las mujeres jóvenes afro, llegando a casi el 35% de desempleo. Las cifras oficiales indican que las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras (NARP) sufren los impactos de los 11 puntos porcentuales encima de la pobreza media nacional, y el 66% de los hogares son estrato 1, casi el doble que la media nacional.
Mercedes Segura resalta que, aunque más del 70% de la economía y la carga del país se mueve a través del puerto de Buenaventura, no hay una inversión proporcional para satisfacer las necesidades de las mujeres y hombres del distrito. “Fueron ellos y ellas quienes pusieron sus hombros, sus frentes, su sudor para crear toda esa infraestructura [del puerto de Buenaventura] que luego fue quitada porque fue privatizado, dejando a la nueva generación sumida en una miseria absoluta por la falta de desempleo y de acceso a una educación de calidad.” El racismo estructural no solo “se evidencia en el trato que muchas personas blancas o mestizas utilizan con lenguaje insultante, sino también en los bajos niveles de atención en salud, vivienda, educación y empleo que no es proporcional”, reflexiona María Fernanda Parra Ramírez. La brecha educativa es profunda y persistente: sólo el 14.3% de la población NARP accede a la educación superior y el 1.8% a los estudios de postgrado.
María Fernanda redobla el análisis y resalta que no se trata solo de los techos que impiden el acceso a la educación académica y recuerda que los pueblos afros tienen “la gran responsabilidad de educar también a otras personas en nuestros valores, para crear estrategias que protejan nuestra cultura, evitando así la apropiación de los saberes, las riquezas naturales y las construcciones epistemológicas, de esta manera también reconocer los valores que componen esta diversidad étnica que nos conforma como sociedad colombiana.”
El Acuerdo de Paz incluyó un Capítulo Étnico, resultado del trabajo y presión de las organizaciones afro e indígena. Este capítulo es una innovación en materia de justicia transicional y, sin dudas, puede ser un faro para procesos en el futuro en Colombia y en otras partes del mundo.
“Los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos.”
– Acuerdo final de paz
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) creada en el Acuerdo de Paz de 2016 identificó que, mientras el 15% de la población que no se autopercibe de una etnia fue desplazada de su territorio, el 98% de los palenqueros y el 37,5% de los negros y afrocolombianos ha sido desplazados por la violencia.
Sin embargo, existe una brecha de implementación general y los puntos específicos del capítulo étnico. De acuerdo al informe del Instituto Kroc de 2020, solo el 10% de los indicadores de la submatriz étnica (que recoge a afros, indígenas, y rrom) han sido totalmente implementados, el 49% estaban en estado mínimo de avance y el 32% no habían sido iniciados aún. Además de este escenario de insuficiente implementación, se identifican diferencias regionales en el estado de avance. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) identificó que, en el departamento del Chocó, el 60% de las salvaguardas y metas no registran implementación, un 20% han llegado a un nivel mínimo, otro 20% con un nivel medio y no se registran indicadores que se hayan completado.
Los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan en el día a día con situaciones de riesgo por las labores que realizan. María Fernanda sostiene que “el litoral Pacífico viene siendo objeto de todo tipo de violaciones a los derechos humanos por parte los diferentes sectores y en especial por los actores armados: reclutamiento de menores, confinamientos, desplazamientos, asesinatos de líderes sociales entre otros”. Las violencias se precipitan de distintas maneras en los distintos territorios, así como los impactos que estas generan en la población; por ello Mercedes nos confía que los defensores y defensoras necesitan de protección y garantías, ya que “en Buenaventura el miedo les ha paralizado. Hay un miedo colectivo que ha aislado a las defensoras y [por eso] no están visibilizando de manera real el gran conflicto y amenazas que hay. Es una estrategia para proteger la vida”.
Las conmemoraciones de la afrocolombianidad, dice María Fernanda, “abren oportunidades para mostrar el gran potencial o las grandes ventajas competitivas, lo que puede derivar en beneficios para el crecimiento de la región, a fin de que se tracen políticas para ejecutar proyectos de desarrollo que beneficien a su población.” Por último, ella insta a todas las personas a reconocer el rol único de la memoria “en la reivindicación de los afrocolombianos, justamente para reconstruir la paz, para saber que existen lazos de hermandad aun cuando dentro de la misma región del Pacífico no hay unicidad en las expresiones tradicionales, pues no somos una región homogénea”.