“Yo sí exhortaría a muchas mujeres a organizarnos, prepararnos, capacitarnos y poder defender nuestros derechos como mujer. ¡Sí podemos!”
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras sobre las que apenas se informa debido a la impunidad, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Sólo 1 de cada 10 víctimas denuncia o busca ayuda.
Aunque es una violencia generalizada, las mujeres defensoras son particularmente vulnerables, y más si provienen de zonas rurales o pueblos originarios. El Informe sobre agresiones a defensoras de la Iniciativa Mesoamérica de Mujeres Defensoras de DDHH, muestra una tendencia de incremento acelerado de las agresiones contra mujeres defensoras en México. En el primer semestre de 2020 se registraron agresiones a 266 mujeres y 42 colectivos, contabilizándose 7 mujeres defensoras y periodistas asesinadas en México debido a su labor. Según la Red Nacional de Defensoras, la mayoría de las defensoras agredidas defienden derechos de las mujeres, seguidos por quienes trabajan con pueblos originarios en la defensa de la tierra y territorio.
SweFOR acompaña a numerosas mujeres defensoras que sufren o han sufrido agresiones y limitaciones a su labor. Una de ellas es Francisca Gonzalez Gutierrez, Paki, quien forma parte del Comité para la promoción y la defensa dela vida “Samuel Ruiz García”, con base en Chicomuselo. Una de sus principales preocupaciones es la defensa de la tierra y de su territorio, en específico en contra de la explotación minera y de la destrucción de sus plantaciones criollas y contaminación provocada por programas del gobierno tal como MOSCAMED.
El primer reto que Paki nos comparte como mujer defensora y promotora es la falta de atención que recibe en las fiscalías cuando acude para denunciar violaciones de derechos humamos o dar seguimiento a procesos ya abiertos y que están a expensas de procuración de justicia: “uno, por ser mujer, y otro por no ser abogada”. Le sucedió en el caso del feminicidio de la señora Virgilia Villatoro Perez asesinada el 28 de octubre de 2017 en Pablo L. Sidar, Chicomuselo, cuando la fiscalía rehusó atender su denuncia bajo el pretexto de que no tenía cédula profesional y no reconocerla como defensora de derechos humanos. El cual, hasta la fecha ha quedado impune.
Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, “Los defensores de derechos humanos son quienes contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos”. El concepto “defensora de derechos humanos” por tanto incluye a la población civil, también las víctimas, que se ha organizado para exigir justicia sin necesidad de tener algún titulo profesional.
No obstante, con fin de superar ese obstáculo, a sus 40 años Paki empezó a estudiar la carrera de derecho. La concluyó tres años después, logrando así acompañar a varias mujeres, niñas, niños y menores de edad que sufren violencia familiar o abandonos e incumplimiento de deberes de pensión alimenticia, a mujeres para que se organicen y que sean ellas quienes vayan a denunciar la venta ilegal de bebidas alcohólicas en ejidos donde provoca violencia que ha llegado hasta feminicidio, a comunidades por temas de inseguridad y de militarización de su territorio sin consulta previa, a victimas de hostigamiento de empresas transnacionales, en particular del sector extractivo, que tienen interés en las riquezas minerales de la región.Paki acompaña a quien se organiza para cuidar y defender la vida en las comunidades y enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, afirma que existe un 99% de impunidad en los casos de asesinatos de mujeres defensoras, lo que envía un mensaje de tolerancia a los agresores, con consecuencias sumamente peligrosas. A ello se suma que el perfil de los agresores está vinculado principalmente a servidores públicos municipales en el 43% de los casos, seguido de la delincuencia organizada con 33.5%. El crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales y estatales lo que ha incrementado los riesgos de las labores de defensa de derechos humanos, principalmente en la defensa del territorio y el medio ambiente.
Otro enorme reto que Paki ha debido manejar es el de conciliar su vida familiar con su activismo. Siendo madre, expone lo difícil que fue para ella encargarse de sus hijos mientras realizaba una investigación sobre la minería: “Fue un reto grande porque no cualquiera deja a su hijo con otra persona, ni con cualquier familiar”. Las mujeres defensoras de derechos humanos están especialmente expuestas a sufrir campañas de desprestigio y de estigmatización que buscan dañar su reputación. Se les representa “sin valores morales”, acusándolas de abandonar a sus familias, señalándolas como “malas madres o malas esposas”. Esas campañas tienen un gran impacto en su vida, pueden provocar rechazo hacia ellas en sus comunidades y orillarlas a que eventualmente decidan abandonar la defensa de derechos humanos. Hay que resaltar además que, de forma general, las mujeres defensoras suelen recibir un trato de estigmatización y de revictimización por parte de las autoridades, que suma de forma muy negativa a los intentos de conciliación y ser reconocidas y respetadas como mujeres defensoras de derechos humanos.
Paki nos comparte que también en las comunidades hay dificultades en las asambleas ejidales porque en los órganos quienes mandan y representan al pueblo son varones: “el comisariado, el agente municipal muchas veces nos ven como muy inferior. En los ejidos nos dicen que una como mujer no sabe y no debe estar al frente de un grupo.” Optar por la defensa de los derechos humanos es una práctica de autonomía, que rompe con los estereotipos sobre los roles tradicionales asignados por el género que dan por hecho que las mujeres tienen por obligación dedicarse a las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Las mujeres defensoras desafían normas culturales, religiosas y sociales. Paki nos afirma que el sexismo puede ser un comportamiento que tienen algunas mujeres también: “Muchas mujeres no creen en las propias mujeres y eso es un reto que he tenido en el camino; me dicen “ustedes nos saben, mejor me voy con un abogado o un licenciado.”
En base su experiencia personal, Paki manda un mensaje de ánimo a otras mujeres y las invita a sumarse a la defensa de los derechos humanos: “Yo sí exhortaría a muchas mujeres a organizarnos, prepararnos, capacitarnos y poder defender nuestros derechos como mujer. ¡Sí podemos!”
Su experiencia como defensora que acompaña y asesora a otras mujeres le ha mostrado que víctimas de violencia familiar suelen no proseguir con sus denuncias debido a la presión de sus maridos. “Y ahí se queda el caso y llegamos a saber después que les pasa algo más grave, que la violencia se hace más grande en la casa. Ha sido un reto también grande para mí convencer a una mujer de que si se decide a denunciar que lo haga porque ella tiene dignidad, tiene derecho; por ser mujer también debe denunciar, nadie la debe lastimar.”
SweFOR ve con profunda preocupación la agudización de la violencia, la inseguridad y la represión contra las mujeres defensoras en los últimos años en Chiapas y en México. Existe una gran necesidad de que se atiendan los orígenes de la violencia estructural para garantizar tanto la defensa de los derechos humanos como la integridad de las mujeres defensoras, quienes son reconocidas sin lugar a dudas como agentes de cambio clave para la promoción de la justicia, la paz y cambios sociales para una sociedad sin violencia y una vida sostenible para todas las personas.