Cada 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Desde SweFOR deseamos visibilizar la situación de los periodistas en México, especialmente de las mujeres periodistas y de aquellos que realizan su labor de información en el estado de Chiapas.
«Lo que estamos viendo en este momento en México en términos de violencia contra periodistas es el efecto natural, lógico y muy lamentable de décadas de negligencia de un estado que cada vez falla en su responsabilidad de brindar la protección a sus ciudadanos.»
Jan-Albert Hootsen, Representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
La organización Reporteros sin Frontera (RSF) realiza un ranking anual de los países del mundo en base a distintas categorías relacionadas con el derecho a la libertad de expresión. El indicador de seguridad “evalúa la capacidad de concebir, recabar y difundir informaciones, de acuerdo a los métodos y la ética del periodismo, sin arriesgarse a padecer daños físicos, sufrimiento psicológico o emocional, ni perjuicios profesionales”. Teniendo en cuenta este indicador, México se ubica en el puesto 179 de 180 estados, constituyéndose como el segundo país más peligroso del mundo en 2022 para ser periodista, por detrás de Birmania.
Esta información resulta coherente si se tienen en cuenta los ataques vividos por periodistas. Así, de acuerdo con el último informe de Artículo 19, durante los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se cometieron 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones forzadas. Específicamente durante 2021, esa organización documentó 644 ataques, es decir, una agresión contra la prensa cada 14 horas. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 2021 se asesinaron a 9 periodistas en México y, en lo que va del 2022, 10 periodistas fueron asesinados por su labor de información.
Desde RSF se explica este contexto violento y sangriento por la connivencia entre las autoridades y el crimen organizado. Esta “constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero”.
Otro factor que explica la perpetuación de los crímenes en contra de periodistas son las altas tasas de impunidad en los casos judiciales de sus asesinatos. En efecto, la impunidad relacionada con los homicidios de periodistas cometidos durante el gobierno de AMLO alcanza el 91%, con tan solo 5 sentencias emitidas.
Un tercer factor que puede explicar esta situación es que, pese a contar con un organismo especializado para la protección de personas defensoras y periodistas, el Mecanismo de Protección perteneciente a la SEGOB, éste actualmente está muy cuestionado por su falta de impacto en la realidad de las personas defensoras y periodistas en riesgo (para más información sobre este factor ver el artículo de Sipaz disponible aquí).
Frente a esta situación, durante enero y febrero de 2022 se llevaron a cabo una serie de manifestaciones en todo el país convocadas por periodistas bajo el lema #NoSeMataLaVerdad.
«El asesinato de un periodista tiene ciertas particularidades (…), porque cuando está relacionado con su labor tiene que ver con un intento no solo de eliminar a un individuo, sino también de eliminar una puerta a información que puede tener un ciudadano.»
Jan-Albert Hootsen, Representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
Es así que cada asesinato de periodista contribuye a la producción de las llamadas ‘Zonas de Silencio’ o ‘Zonas Silenciadas’. Este concepto se comenzó a extender tras la utilización en 2010 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual. De acuerdo con la RELE “hay zonas de México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales interesados en suprimir cierta información de los medios y difundir aquella que sirve a sus intereses criminales. En esta situación de riesgo especial, resulta extremadamente difícil que los periodistas hagan investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, corrupción, seguridad pública y asuntos similares”.
En este aspecto, la RELE considera extremadamente relevante que los estados cumplan con una serie de obligaciones, puesto que ello “equivale a que se pueda combatir la violencia contra la prensa y con ello el efecto inhibitorio que la misma genera y el consecuente daño para las sociedades democráticas”.
En su informe ’Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’, la RELE resalta que la seguridad de los y las periodistas es una obligación estatal que conlleva tres deberes especiales resumidos en las tres “P”: Prevenir, Proteger y Procurar justicia. Con relación al primero, la promoción de la seguridad de periodistas no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos sino que se necesitan acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad. En segundo lugar, los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección. Por último, los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores (ver más información al respecto aquí).
«Es muy difícil ser mujer y ser periodista en este país (…). Hoy cada 38 horas una periodista en este país es agredida por su trabajo periodístico.»
Lucía Lagunes, Directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
Por su parte, las mujeres periodistas viven una situación de riesgo diferenciada que, muchas veces, es invisibilizada en las estadísticas ya que no se utilizan datos desagregados.
La organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) lleva adelante una iniciativa cartográfica titulada “Geografías de la violencia contra periodistas” en donde desagrega datos de agresiones a mujeres periodistas. En dicho mapa se puede advertir que, desde el inicio de 2022 al día de publicación de este artículo, se causaron casi 70 agresiones a periodistas, es decir, mas de 1 agresión cada 10 horas. Cabe destacar que la mitad de estas agresiones son causadas a reporteras de medios digitales, y los agresores son, en el 45% de los casos, funcionarios estatales o federales.
Para CIMAC los desafíos para las mujeres periodistas y la libertad de prensa más frecuentes son abrumadores y están relacionados con su género: el incremento de la violencia de género dentro y fuera de las redacciones, la pauperización de las condiciones de vida y el limitado acceso a condiciones laborales dignas son factores que amenazan la perpetuidad de proyectos periodísticos críticos, plurales e independientes.
La importancia de atender situación de mujeres periodistas ya había sido resaltada en 1995 por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en su Capítulo III. J ‘Mujeres y medios’, cuyos objetivos se podrían resumir en las obligaciones de los estados de aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión; fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión, y erradicar la violencia contra las mujeres periodistas y comunicadoras.
En esa línea, la RELE especificó que los Estados están obligados a garantizar la seguridad de las mujeres que ejercen el periodismo, que tomen en cuenta los múltiples y específicos riesgos que enfrentan. Esto implica comprender cómo operan las desigualdades de género y las prácticas sexistas en el fenómeno de la violencia contra periodistas, y con ello favorecer la definición de medidas de prevención, protección y procuración de justicia adecuadas. La violencia contra las mujeres periodistas puede manifestarse de distintas formas, desde el asesinato, la violencia sexual (incluido el acoso sexual), la intimidación, el abuso de poder y las amenazas basadas en el género.
En Chiapas se advierten una serie de violaciones a derechos humanos de periodistas que intentan realizar su trabajo en un entorno seguro y propicio. Así, las noticias dan cuenta de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte y hasta salidas del país forzadas por amenazas de muerte. En el marco del Encuentro Nacional de Periodistas, llevado a cabo en marzo de este año en San Cristóbal de las Casas, una decena de periodistas de diferentes partes del país denunciaron que han sido víctimas de agresiones, y revelaron que en un gran porcentaje de los casos los agresores son funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal, quienes en ocasiones están coludidos con grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
En lo que hace a mujeres periodistas de Chiapas, CIMAC ha documentado 9 agresiones en el último año, 6 de las cuales sucedieron en Tapachula. Resulta interesante resaltar que los temas que estaban cubriendo esas mujeres periodistas están, en su mayoría, relacionados con derechos humanos de personas migrantes -5 de ellos-.
Esta situación, aunque extremadamente preocupante, no resulta novedosa. En efecto, en septiembre de 2021, 400 elementos de la Guardia Nacional y otros 500 del Instituto Nacional de Migración (INM) agredieron a migrantes, periodistas y activistas en una nueva redada en Mapastepec, Chiapas. Más recientemente, en abril del 2022 un operador del Instituto Nacional de Migración (INM) agredió físicamente a un periodista de TV Azteca que se encontraba cuestionando la actuación de ese organismo en el marco de una caravana de migrantes, específicamente a la Delegada del INM de Chiapas.
Desde SweFOR consideramos que las acciones de rendición de cuentas llevadas a cabo por organismos u organizaciones internacionales resultan cruciales para poner el foco en las violaciones a derechos humanos cometidas o toleradas por el estado mexicano.
Recientemente, el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, refrendó a los eurodiputados su compromiso con la defensa del ejercicio libre y seguro del periodismo en México. Esto debido a que, según el Alto Representante, los ataques contra periodistas atentan la propia libertad de expresión. Resulta interesante que esta comunicación de junio de 2022 se haya realizado tras las descalificaciones de marzo del 2022 efectuadas por el Presidente de México, quien desestimó el llamado que realizó el Parlamento Europeo para que la actual administración garantice la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
Por su parte, la RELE de la CIDH emitió durante este año 2 comunicados de prensa referidos específicamente a la situación de libertad de expresión en México. El primero, de marzo de 2022, alertó a México sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México y llamó a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, debiendo tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa. En el segundo comunicado de mayo de este año, tras el asesinato de 3 periodistas en 4 días, la RELE condenó la persistencia de asesinatos a periodistas en México e instó al Estado a investigar y sancionar los hechos con debida diligencia, imparcialidad y enfoque interseccional, tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil de crimen.
Desde nuestra oficina central en Suecia se lanzó durante finales de 2021 una campaña de recolección de firmas que tenía por objetivo generar presión popular y sensibilizar a ministros suecos para que, en sus relaciones bilaterales con México, se aseguren de que se estén cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos.
Se realizaron peticiones concretas a cada uno de los ministros que tienen algún relación diplomática o comercial con México. A la Ministra de Ayuda al Desarrollo se le solicitó que establezca lineamientos claros para que la Embajada de Suecia en México fortalezca el apoyo y protección de quienes defienden la libertad de expresión, y, a la Ministra de Comercio Exterior se le solicitó que procure que las empresas suecas tengan una comunicación transparente y así mostrar consideración por la libertad de expresión y la democracia.
Como consecuencia de esta acción, la Ministra de Comercio Exterior sueca, Anna Hallberg, expresó su preocupación y compromiso. Además, como parte de esta campaña, se organizó un seminario junto con Reporteros sin fronteras, PEN y Blankspot Project sobre la situación en que viven periodistas en México y la falta de libertad de expresión.