Durante 2025 El Obse registró 124 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas. Esto representa un incremento de aproximadamente 25 por ciento respecto al año anterior. Los meses
de abril y mayo fueron particularmente críticos. Más del 80 por ciento de las agresiones fueron dirigidas específicamente contra personas u organizaciones defensoras. Es decir, no fueron hechos fortuitos derivados del contexto general de violencia, sino acciones orientadas a obstaculizar, intimidar o castigar el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Se identifican s además una combinación cada vez más frecuente entre agresiones físicas y digitales. Las amenazas, la vigilancia, el hostigamiento, la difamación y la criminalización se combinan de maneras complejas y sostenidas en el tiempo.
Asimismo siete de cada diez personas agredidas fueron mujeres. Esto no significa únicamente que haya más mujeres defensoras siendo atacadas, sino que
las agresiones están adquiriendo características específicas de género. Las mujeres enfrentan campañas de desprestigio, violencia simbólica, amenazas dirigidas a sus familias y ataques que buscan expulsarlas de los espacios de liderazgo comunitario y político. Las personas más afectadas siguen siendo quienes defienden la tierra y el territorio, quienes buscan acceso a la justicia, quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y quienes trabajan por los derechos de las mujeres.
En relación a los agresores, El Obse documenta la existencia de un entramado de actores estatales, actores vinculados al crimen organizado, intereses privados y personas cuya identidad permanece desconocida.
Con frecuencia las agresiones ocurren precisamente en esos espacios grises donde distintos poderes se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Se observa a la vez un incremento de agresiones en la región costera del estado, particularmente en contextos vinculados con movilidad humana, control territorial y actividades económicas estratégicas.
En 2025 destacan tres principales tendencias. La primera es el aumento de agresiones contra mujeres defensoras de alto perfil y mujeres buscadoras, la segunda es el incremento del uso indebido del sistema penal como herramienta de criminalización. Cada vez observamos más denuncias infundadas, procesos judiciales prolongados y utilización de instituciones de procuración de justicia para desgastar a las personas defensoras.Y la tercera es la normalización de la vigilancia mediante tecnologías como circuitos de videovigilancia y drones.
Los hallazgos de este informe nos recuerdan que las personas defensoras siguen enfrentando riesgos graves por realizar una labor legítima y necesaria para la vida democrática. Protegerlas no es un favor que concede el Estado sino una obligación. Y es también una condición indispensable para construir una paz duradera, basada en derechos, justicia
y participación social.
Descarga aquí el informe: Informe 2025 de El Obse