Chiapas, la paz pendiente. Informe 2025 del Grupo de Trabajo Región Frontera
«Chiapas, la paz pendiente» documenta la situación de derechos humanos en la Región Sierra-Frontera de Chiapas, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, coincidiendo con el primer año de la administración estatal encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar y la implementación de una nueva estrategia de seguridad presentada públicamente como un proceso de pacificación.
La investigación, realizada por el Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF), da continuidad al informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, publicado en enero de 2024. A partir de testimonios de habitantes de la región, entrevistas con personas expertas, información oficial y documentación de organizaciones de derechos humanos, este informe analiza tres fenómenos estrechamente vinculados: la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado interno y los impactos de la estrategia de seguridad implementada por el Estado.
Los hallazgos muestran un escenario más complejo que el descrito tanto por las narrativas que presentan a Chiapas como un territorio plenamente pacificado. Durante 2025 se registró una reducción de algunas de las expresiones más visibles de la violencia, particularmente los enfrentamientos armados abiertos, los bloqueos carreteros y los retenes instalados por grupos criminales. Sin embargo, la evidencia recopilada indica que esta estabilización parcial no ha venido acompañada de una transformación equivalente de las condiciones que dieron origen a la crisis.
La desaparición de personas y el desplazamiento forzado interno continúan afectando a la población de la Región Sierra-Frontera. Al mismo tiempo, persisten mecanismos de control territorial, dinámicas de miedo y silenciamiento, restricciones al ejercicio de derechos y profundos obstáculos para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La reducción de la violencia visible no se ha traducido necesariamente en una recuperación efectiva de las condiciones de seguridad, libertad y dignidad para amplios sectores de la población.
En consecuencia, la pacificación de la Región Sierra-Frontera sigue siendo una tarea pendiente. La evidencia disponible invita a matizar los indicadores oficiales de seguridad y a analizar la situación desde una perspectiva más amplia, centrada en la experiencia de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la capacidad del Estado para garantizar condiciones sostenibles de paz.
Los hallazgos de este informe muestran que las respuestas institucionales serán insuficientes mientras la reducción de la violencia visible no vaya acompañada de avances equivalentes en materia de verdad, justicia, protección, reparación y garantía efectiva de derechos.
En materia de desaparición de personas, resulta prioritario generar condiciones seguras para la denuncia y la búsqueda, fortalecer las capacidades de investigación y coordinación entre instituciones, garantizar la protección de las familias y avanzar en la identificación de restos humanos localizados en la región. Asimismo, es indispensable adoptar enfoques diferenciados que respondan a las necesidades específicas de niñas, 
Respecto al desplazamiento forzado interno, el Estado debe reconocer plenamente la magnitud y persistencia del fenómeno, implementar de manera efectiva el marco normativo existente y desarrollar políticas públicas integrales orientadas a la protección, la reparación y la construcción de soluciones duraderas. Ello implica no sólo garantizar asistencia humanitaria, sino también generar condiciones de seguridad, acceso a derechos y recuperación de medios de vida para las personas afectadas.
Finalmente, es necesario complementar las acciones de seguridad con medidas orientadas al fortalecimiento del acceso a la justicia, el desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales y la protección de los derechos humanos. Esto incluye fortalecer las capacidades de investigación, garantizar mecanismos de rendición de cuentas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y asegurar que el uso de tecnologías de vigilancia y control se encuentre sujeto a supervisión, transparencia y salvaguardas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales, en concreto el funcionamiento de un estado de derecho que implique el funcionamiento de la instacias de gobierno, el cual esta fallando, este debiendo a la sociedad civil que arriesga su vida e integridad por denuncia estos crimines vinculados a la delincuencia organizada.
La construcción de una paz sostenible en la Región Sierra-Frontera requiere avanzar más allá de la contención de la violencia visible. Supone enfrentar las causas estructurales que han permitido la expansión de la violencia, garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, y colocar en el centro la protección de las comunidades y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Grupo de Trabajo Región Frontera está integrado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Movilidades Libres y Elegidas – Colibres, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes; con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR México) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).