Entre 1958 y 2018, 15.738 personas fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de Colombia. Gran parte de los casos, registrados por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), recién empiezan a documentarse y denunciarse. El 61,8% de las víctimas son mujeres, junto con el 30,8% de niñas y adolescentes. Frente a esta dura realidad aún persiste un “panorama de impunidad histórica”, por lo que la alianza Cinco Claves solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la apertura de un macro-caso de violencia sexual, violencia reproductiva y violencia motivada en la sexualidad de la víctima.
“La violencia sexual es una herramienta de control territorial y poblacional, usada históricamente por los actores armados para sancionar a las mujeres”, explica Carolina Solano, subdirectora del área de Justicia y no Violencias de la Corporación Sisma Mujer, organización participante de Cinco Claves. Ejemplo de ello es cómo madres que querían evitar el reclutamiento forzado de sus hijos o mujeres que buscaban personas desaparecidas “eran castigadas a través de la violencia sexual”, señala.
En relación a esto, tanto en los periodos como en los lugares donde se agudizó el conflicto armado, también aumentó la violencia sexual. Cinco Claves considera que esta violencia, por sus características –fue cometida por todos los actores armados, en todo el territorio colombiano, durante el mismo periodo y con intencionalidades similares- tienen suficiente capacidad explicativa de lo ocurrido en el conflicto armado y su investigación permitiría alcanzar los objetivos del Acuerdo Final de Paz de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, valoran que es una oportunidad histórica para superar los obstáculos de acceso a la justicia que se encuentran las víctimas.
El enfoque de género y la priorización de la violencia sexual no son algo nuevo en la justicia transicional colombiana, sino ya fueron incorporados en algunos casos. Por ejemplo, los casos territoriales de la JEP, entre ellos el 02 (hechos del Pacífico nariñense), 04 (Urabá) y 05 (norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca), los cuales investigan hechos relacionados pero asumen un periodo específico y breve de tiempo.
De la misma forma, el anuncio reciente de la apertura de tres macro-casos nuevos en la JEP –sobre crímenes nacionales cometidos por las FARC-EP; miembros de la Fuerza Pública en asociación con paramilitares y terceros; y contra pueblos y territorios étnicos- y la transversalización del enfoque de género en estas investigaciones despertó varias dudas sobre cómo las víctimas no están siendo el centro de estas, o la posible despriorización de la violencia sexual frente a otras violencias más extendidas.
De lograrse la apertura, la JEP se convertiría en el primer tribunal transicional del mundo en abrir un macro-caso de violencia sexual y reconocería así la violencia intrafilas como un crimen de guerra, en la misma línea que la Corte Penal Internacional (CPI) y su condena al comandante guerrillero Bosco Ntaganda por violación y esclavitud sexual a niñas soldado en la República Democrática del Congo. No solo eso, sino que “sería pionera en juntar los estándares internacionales ya existentes –de la CPI, Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia- y diseñar una metodología especial para la investigación de la violencia sexual”, puntualiza Carolina Solano.
“La violencia sexual es una herramienta de control territorial y poblacional, usada históricamente por los actores armados para sancionar a las mujeres”
Sin embargo, es en relación con esta metodología de estudio donde organizaciones como Sisma Mujer encuentran los mayores obstáculos para la apertura del macro-caso: el mandato de la JEP de sancionar a los máximos responsables está pensado en términos de “quién dio la orden o vio lo que pasaba y no lo impidió, una fórmula que, en casos de violencia sexual, la JEP no ha diseñado aún una metodología que permita investigar la responsabilidad de los máximos responsables por este tipo de hechos”.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 87,36% de las víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica fueron personas afrodescendientes, seguidas de un 12,12% de personas indígenas. El departamento del Chocó fue una de las regiones en las que la guerra se ciñó con las mujeres, y donde a día de hoy la violencia sexual sigue siendo una realidad invisible.
Las organizaciones firmantes del Acuerdo Humanitario ¡YA! en el Chocó –el cual contempla 11 puntos con medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las formas de gobierno propias de las comunidades afrocolombianas e indígenas-, alertaban en su primer informe de seguimiento de 2019 sobre la creciente violencia contra las mujeres y niñas. Ellas siguen siendo víctimas de violencia sexual por integrantes del ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos de delincuencia común en los territorios. “A los actores armados, les remarcamos que las mujeres no somos un botín de guerra para ellos usar y violar”, comenta Gloria Luna Rivillas, portavoz de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y coordinadora de la Mesa Territorial de Garantías de Chocó.
El Chocó fue uno de los departamentos de Colombia en que la guerra se ciñó con las mujeres, donde a día de hoy la violencia sexual sigue siendo una realidad invisible
Asimismo, varias entidades alertan del subregistro de casos. Hace años, el Ministerio de Justicia señalaba tres razones por las que la dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía podía estar recibiendo solo 0,1% de denuncias diarias por delitos de violencia sexual en el departamento: un gran temor hacia las instituciones y victimarios; un desconocimiento generalizado de los derechos de las víctimas; y afectaciones psicológicas que actuaban como impedimento a la denuncia. “Desde la sociedad civil, pedimos a Fiscalía que las denuncias que se hacen por violencia sexual y basada en género no queden en la impunidad, sino que sean realmente investigadas”, comenta Gloria Luna. Mientras tanto, las organizaciones de mujeres chocoanas trabajan para abrir más espacios de denuncia y de pedagogía para dar fin a las violencias contra las mujeres.
La vida de Yirley Velasco se vio interrumpida por el conflicto armado cuando, a los 14 años y entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, un grupo de 450 paramilitares cercó el corregimiento de El Salado, donde vivía. Desde inicios de la década de los 80, El Carmen de Bolívar se convirtió en una zona compleja por la guerra desatada por los Frentes 35 y 37 de las FARC-EP y luego por grupos paramilitares. Durante los seis días que duró una de las peores masacres de Colombia, estos últimos asesinaron a más de 60 personas y cometieron toda clase de torturas y violencias sexuales contra la población civil, entre quienes se encontraba Yirley. A finales de febrero, miles de personas se desplazaron del corregimiento. Años más tarde, el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró responsables por omisión al Ministerio de Defensa, la Armada y la Policía, dado que no desplegaron ninguna acción para evitar la masacre.
A los 17 años, Yirley inició su trayectoria como defensora por los derechos de las mujeres. Convirtió su revés en lucha y, desde organizaciones como la Asociación Mujeres Sembrando Vida, ha trabajado a favor de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Desde 2019, ha recibido amenazas de muerte y estigmatizaciones que la han obligado a desplazarse varias veces, y por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado colombiano medidas cautelares para su protección y la de su núcleo familiar. A pesar de todo, Yirley sigue reivindicando su derecho y el de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias.