Las múltiples caras de la militarización en México

En las últimas semanas el Congreso aprobó una serie de reformas para trasladar formalmente el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y se amplió la permanencia de las Fuerzas Armadas en el manejo de tareas de seguridad pública hasta el 2028. La militarización en México tiene múltiples formas e impactos en la sociedad civil: desde las instalaciones de cuarteles militares en territorios indígenas y criminalización de la protesta, hasta acciones de vigilancia de parte del Estado a personas defensoras de derechos humanos.

Los cuerpos militares no tienen una formación especifica con enfoque en seguridad pública. Como explica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “toda política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles, mediante el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados. Esta finalidad, en esencia, es diferente al propósito de las fuerzas armadas que corresponde a la defensa de la soberanía nacional y cuyo entrenamiento está dirigido a derrotar al enemigo”.

Ante la incorporación de la Guardia Nacional a SEDENA, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó sus preocupaciones afirmando que “las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”.

Manifestaciones noviolentas hicieron evidente la prevista militarización de la Guardia Nacional

Los temores de una definitiva militarización de la Guardia Nacional no son ni nuevos ni recientes. Ya desde el 2019, organizaciones de la sociedad civil mexicanas y organismos internacionales de derechos humanos se han expresado al respecto (6). SweFOR fue testigo de dichas preocupaciones por lo menos ya hace dos años cuando en octubre 2020, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), empezó a acompañar a dos defensores indígenas de derechos humanos, Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano, vinculados a proceso por delito de motín por haber manifestado en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Chilón, sin que se hubiera realizado un proceso de consulta libre e informada a la población indígena con anterioridad a la construcción del cuartel (7). En una entrevista que SweFOR realizó al defensor Cesar, éste afirmó que “cuando nos enteramos de la construcción del cuartel, nos organizamos y la gente se movilizó en manifestaciones pacificas. Una vez que llegan los militares, pues prácticamente no hay más seguridad para nosotros como pueblos originarios, como ejidatarios, como maya tseltales. No tenemos derecho de actuar y de manifestar pacíficamente, solo nos reprimen. Con esa acción de protesta que hicimos, de hecho ya se vio como funciona la Guardia Nacional”. También otros habitantes de las comunidades indígenas tseltales del municipio afectado reiteran que “es claro que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil. Son los mismos pero con otros uniformes”. (8)

El pasado 20 de septiembre, SweFOR acompañó al CDH Frayba y al pueblo creyente de la Zona Chab de la comunidad de Bachajón en el municipio de Chilón en una peregrinación pacifica. Por un lado, se manifestó por el derecho a la libre determinación, autonomía de los pueblos indígenas y por la no militarización de sus territorios; por otro lado, la población pidió justicia y verdad para los defensores indígenas José Luis y Cesar. Próximamente se tendrá el juicio oral en contra de los dos defensores de los derechos de los pueblos indígenas y hay riesgos de que terminen en la cárcel por haber manifestado y defendido sus derechos colectivos. SweFOR, en calidad de observador y acompañante internacional, estará pendiente y observando el juicio, para que se dé de forma pública, transparente y se respeten los derechos de los imputados.

Recordamos que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos en sus Declaraciones sobre los derechos de los Pueblos Indígenas establecen que “no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”. (9)

Acusaciones contra SEDENA de espiar a la sociedad civil a través de Pegasus

En los últimos meses, SEDENA fue acusada de espionaje contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y políticos a través del utilizo del software de intervención telefónica Pegasus. A pesar de haber asegurado el utilizo de este instrumento solo para vigilar a asociaciones del crimen organizado, (10) en la mira de las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas han terminado también organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Luego de las infiltraciones de informaciones de parte del grupo de hackers Guacamaya, (11) resulta que el Comité Cerezo, junto con otras organizaciones de las sociedad civil mexicana, ha sido etiquetado por SEDENA como “grupo subversivo”.(12) Como expresa Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) “estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. Los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una negativa señal de intolerancia gubernamental a la crítica, contrario al entorno libre y seguro que corresponde garantizar para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de prensa”.(13)

Según Human Rights Watch, desde el 2006, cuando el gobierno empezó a utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, los casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas han crecido con el incremento de los niveles de militarización en el país. El despliegue de fuerzas militares en tareas de seguridad pública ha llevado a un aumento de las violaciones generalizadas de derechos humanos sin que hubieran impactos significativos en la lucha contra el narcotráfico.(14)

Desde SweFOR consideramos que la militarización de la seguridad pública representa un riesgo para la ciudadanía y termina afectando principalmente a los grupos más vulnerables, como a los pueblos indígenas, quienes con la instalación de cuarteles militares en sus territorios sufren múltiples violaciones a sus derechos colectivos, y a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que manifiestan en contra del modelo de seguridad vigente, que lamentablemente terminan siendo víctimas de hostigamiento y criminalización de parte del mismo Estado.(15)

San Cristobal de las Casas, 2022-10-24

Listado de fuentes en orden de aparición: